TejidoSocial.Mx | Redacción Nacional | 29 de junio de 2025
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato ha dado de baja a ocho elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) tras ser señalados por presunta extorsión en el municipio de Celaya. La decisión, según informaron las autoridades, se tomó luego de que las denuncias ciudadanas derivaran en una investigación interna que identificó a los elementos involucrados.
Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 22 de junio, cuando, de acuerdo con información de Proceso, un grupo de policías estatales presuntamente exigió dinero a empleados de una gasolinera ubicada en el acceso oriente de Celaya, amenazándolos con llevarse detenidos a algunos de ellos si no accedían al pago. La denuncia llegó a través de los canales de la propia Secretaría de Seguridad, lo que permitió activar los protocolos de supervisión y control interno.
El gobierno del estado informó que tras verificar los señalamientos se procedió a la destitución de los ocho policías estatales por “presunta conducta ilícita”, en una medida que busca reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de seguridad. De acuerdo con El Sol del Bajío, la Secretaría aseguró que la investigación continuará para deslindar responsabilidades administrativas y legales.
En tanto, Milenio confirmó que la denuncia fue recibida directamente por personal de la Secretaría en el momento de los hechos, lo que permitió iniciar el procedimiento con rapidez. Las autoridades no han precisado si se presentarán cargos penales contra los exoficiales, aunque no se descarta la intervención de la Fiscalía del Estado.
Este caso se suma a una creciente preocupación en la región por el involucramiento de elementos de seguridad en actos delictivos. Guanajuato, uno de los estados con mayores índices de violencia en el país, ha enfrentado en los últimos años una crisis de confianza en sus cuerpos policiales, marcada por señalamientos de abuso de poder, colusión con el crimen organizado y violaciones a derechos humanos.
Organismos civiles y defensores de derechos humanos han reiterado la necesidad de una depuración profunda de las corporaciones de seguridad, así como la creación de mecanismos independientes de supervisión ciudadana.
Mientras tanto, el gobierno estatal insiste en que no tolerará ningún acto de corrupción dentro de las FSPE y llama a la población a seguir denunciando cualquier irregularidad.
Con estas acciones, las autoridades locales buscan enviar un mensaje contundente: la limpieza institucional no es sólo un discurso, sino una tarea en marcha. Sin embargo, para muchas personas en Celaya y en el estado, la pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo será necesario temerle a quienes deberían protegernos?
