6 de julio 2025
Con el objetivo de frenar uno de los delitos que más afectan a ciudadanos, comercios y empresas en todo el país, el Gobierno de México presentó este domingo la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una ofensiva que incluye bloqueos de cuentas bancarias, intervención de llamadas y operativos en cárceles desde donde se orquestan miles de extorsiones.
Durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y acompañado por miembros del Gabinete de Seguridad, se detalló que esta estrategia se enfocará de forma prioritaria en ocho estados donde la incidencia del delito es mayor: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
“Esta estrategia es posible gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que nos permite fortalecer nuestras capacidades para desmantelar redes criminales y detener a quienes generan violencia mediante la extorsión”, explicó García Harfuch.
Uno de los ejes centrales será la intervención de líneas telefónicas con orden judicial, así como el bloqueo de equipos celulares y cuentas bancarias ligadas al cobro de extorsiones, especialmente aquellas utilizadas desde centros penitenciarios. Además, se intensificarán los operativos sorpresa en prisiones para decomisar celulares usados por internos en la comisión de estos delitos.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, colaborará congelando cuentas vinculadas al depósito de pagos por extorsión. Las autoridades afirmaron que cada caso será investigado y canalizado para su seguimiento legal.
Otra medida destacada es la activación de la línea telefónica 089, que ahora contará con operadores capacitados específicamente para atender casos de extorsión. Las personas afectadas podrán comunicarse directamente, recibir orientación y ser canalizadas a las autoridades correspondientes para iniciar el proceso legal o recibir protección.
Durante su participación, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, recordó que la extorsión —incluido el llamado “cobro de piso”— es un delito del fuero común, pero aseguró que las autoridades federales apoyarán directamente a las víctimas, sobre todo cuando las extorsiones se cometen desde las cárceles o involucran estructuras criminales organizadas.
“Vamos a coordinar denuncias y presentar los casos ante las autoridades correspondientes. Queremos garantizar que ningún acto de extorsión quede impune, sea telefónica o presencial”, afirmó el fiscal.
La estrategia también contempla campañas de prevención en medios de comunicación y recomendaciones para quienes enfrenten amenazas. Algunas de ellas son mantener la calma, evitar confrontaciones directas, solicitar tiempo para ganar margen de acción, y acudir de inmediato a las fiscalías estatales.
Con estas acciones, el gobierno federal busca enviar un mensaje claro: la extorsión ya no se tolerará como un mal cotidiano. La combinación de inteligencia financiera, intervención judicial, apoyo a víctimas y acción coordinada entre fuerzas federales y locales abre una nueva etapa en la lucha contra este delito que tanto daño ha causado al tejido social del país.
