El presidente Donald Trump anunció, mediante una carta enviada a la presidenta de México, un nuevo arancel del 30% a productos importados desde México y la Unión Europea, a partir del 1 de agosto.
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En el caso mexicano, la medida sustituye al actual gravamen del 25% que aplica a productos que no cumplen con el T-MEC. Pero la decisión no obedece a razones comerciales: Trump la justifica por la supuesta falta de resultados de México en el combate al narcotráfico y al tráfico de fentanilo.
Aunque México ya instaló una mesa permanente de negociaciones con autoridades estadounidenses, el fondo del problema es preocupante: Trump está usando el comercio como castigo político, subordinando las reglas del mercado a intereses electorales y de seguridad.
La amenaza incluye más aranceles si México reacciona con sus propios impuestos, y sugiere una alternativa: trasladar la producción a Estados Unidos lo que actualmente se produce en México
Esta estrategia no sólo afectaría a los exportadores mexicanos, sino también a consumidores y empresas estadounidenses que dependen de insumos importados, pues finalmente quien paga el aumento a los impuestos son los importadores estadounidenses y por lo tanto encarecen los productos a los consumidores de ese país.
Las mesas de negociación son necesarias, pero la solución real está en la cooperación contra el crimen, no en medidas unilaterales e irracionales que vulneran la confianza y dañan la economía compartida.
