Estados Unidos activará el próximo viernes 1 de agosto una medida que podría marcar un giro hostil en su relación con México: la imposición de aranceles del 30 por ciento a productos de exportación, según confirmó Howard Lutnick, secretario de Comercio del gobierno de Donald Trump.
Howard Lutnick dejó, sin embargo, la puerta abierta para dialogar aún después del 1 de agosto:
“No más períodos de gracia, no más prórrogas; los aranceles están fijados para el 1 de agosto. Después del 1 de agosto, la gente aún puede hablar con el presidente Trump; siempre está dispuesto a escuchar”, declaró Lutnick a Fox News.
La declaración no deja espacio a ambigüedades: la política comercial proteccionista de Trump, ahora en su segundo mandato como presidente, avanza con fuerza, incluso contra países socios del T-MEC como México.
La administración republicana ya había advertido que los países que no cumplieran ciertos requisitos en materia de cooperación antidrogas serían penalizados con barreras comerciales.
En una carta enviada el 12 de julio, Trump señaló directamente a México por su presunto “fracaso” en frenar el tráfico de fentanilo y combatir a los cárteles del narcotráfico.
El fentanilo como argumento, el comercio como castigo
La administración Trump ha convertido el combate al fentanilo en uno de los ejes de su política interna y externa. Aunque el origen principal de los precursores químicos es Asia, particularmente China, México ha sido colocado en la mira por su papel de país de tránsito.
El gobierno estadounidense acusa a México de no actuar con la contundencia esperada, lo cual, según Trump, justifica medidas punitivas como los aranceles.
Sin embargo, expertos advierten que esta narrativa soslaya la cooperación que sí existe entre ambos países y reduce un problema complejo a un pretexto para imponer barreras a importaciones que, paradójicamente, sostienen miles de empleos y cadenas productivas en ambos lados de la frontera.
En 2024, el déficit comercial de Estados Unidos con México ascendió a 171 mil 809 millones de dólares, según cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, lo cual refleja tanto la magnitud de la relación como la importancia de México como socio económico.
Claudia Sheinbaum busca mantener el diálogo
Frente al anuncio de los aranceles, el gobierno mexicano ha mantenido una postura institucional y de puertas abiertas. El pasado viernes 25 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos, Ronald D. Johnson, y una delegación bipartidista del Congreso estadounidense.
“Gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum por una muy buena reunión con la delegación bipartidista del Congreso de los EE.UU.”, escribió el embajador Johnson en su cuenta de X, destacando el liderazgo del representante French Hill, presidente del Comité de Servicios Financieros.
Aunque los temas específicos no fueron revelados, la fotografía política es elocuente: la mandataria mexicana ha sostenido ya tres encuentros con el embajador estadounidense desde su toma de posesión en junio, lo que evidencia una voluntad de mantener un canal abierto de comunicación y evitar una escalada innecesaria.
¿Hacia una guerra comercial?
La entrada en vigor de los aranceles significará que productos mexicanos —desde autopartes hasta alimentos— enfrentarán un encarecimiento inmediato del 30 % en el mercado estadounidense. Esto no sólo afecta a productores mexicanos, sino también a consumidores y empresas estadounidenses que dependen de insumos o bienes provenientes de México.
México se enfrenta a un desafío mayúsculo: proteger su economía sin dinamitar el diálogo. La presidenta Sheinbaum deberá moverse con firmeza pero sin caer en la provocación, equilibrando la defensa de la soberanía nacional con la necesidad de preservar una relación estratégica con el principal socio comercial del país.
La imposición de estos aranceles no es sólo una cuestión económica, sino también política. Y en tiempos de Donald Trump, los límites entre ambas esferas son cada vez más difusos.
