El Senado aprobó por unanimidad una reforma constitucional que busca acabar con la extorsión y el cobro de piso, uno de los delitos que más ahoga a familias y pequeños comercios. El cambio abre una puerta, pero la gran pregunta es: ¿puede una ley detener un problema que lleva años creciendo?
Ciudad de Mèxico | 25 de septiembre 2025
La noche del martes, con un voto unánime de 106 senadores, se aprobó una reforma que muchos consideran histórica: México contará con una Ley General contra la Extorsión, diseñada para unificar criterios, cerrar vacíos legales y, sobre todo, darle un respiro a miles de familias y comerciantes que viven bajo el miedo del cobro de piso.
No es un detalle menor. Durante años, la extorsión se convirtió en un “secreto a voces”. Tiendas de barrio, restaurantes, gasolineras, hasta tianguistas y agricultores han vivido la pesadilla de pagar para poder trabajar en paz. Según cifras oficiales, este delito creció 57 % en seis años y tan solo en 2023 le costó a la economía más de 124 mil millones de pesos.
¿Por qué se dejó crecer tanto?
La extorsión se normalizó porque, durante mucho tiempo, quedó atrapada en un limbo legal y de indiferencia. Cada estado tenía sus propias reglas, muchos ciudadanos preferían no denunciar por miedo a represalias y, para las autoridades locales, el tema resultaba incómodo. El crimen organizado encontró ahí una fuente fácil de dinero, con pocas consecuencias.
“Se sabía dónde ocurría, todos lo sabían, pero nadie hacía nada”, admitió en tribuna la senadora del partido Verde Rocío Corona Nakamura.
Los estados más golpeados
Aunque la extorsión ocurre en todo el país, hay entidades donde se siente con más fuerza: Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán concentran dos de cada tres casos. Basta platicar con pequeños comerciantes en esas regiones para escuchar la misma historia: llamadas intimidatorias, cuotas semanales y miedo de perderlo todo.
¿Puede una ley resolverlo?
La reforma es un paso imprescindible. Ahora el Congreso podrá legislar de manera uniforme y el delito se perseguirá de oficio, lo que significa que ya no dependerá de que la víctima se atreva a denunciar. Eso por sí solo cambia mucho: abre la posibilidad de que el Estado actúe aunque la gente tenga miedo.
Pero, seamos claros: una ley no basta. El reto será convertir el texto legal en acciones reales, con policías capacitados, fiscales que investiguen y programas de protección a las víctimas. También será vital que el presupuesto acompañe la voluntad política, porque letra sin recursos es letra muerta.
Un mensaje a los mexicanos
Esta reforma envía un mensaje poderoso: el Estado no puede seguir cruzado de brazos mientras miles de familias pagan para sobrevivir. No es la solución mágica, pero sí la base para empezar a recuperar la confianza.
México se encuentra frente a una oportunidad: si los congresos estatales ratifican la reforma y la Ley General se diseña con la participación de ciudadanos y expertos, este podría ser el principio del fin de un delito que, por años, nos acostumbramos a tolerar.
Porque la extorsión no solo vacía bolsillos, también vacía la esperanza. Y hoy, al menos, se abre la posibilidad de recuperarla.
