El anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia podría marcar un giro en la política de seguridad del país. Lo presentado en la conferencia matutina en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum busca no solo atender la emergencia de un estado lacerado por la violencia, sino ensayar una estrategia que —si funciona— podría escalar a nivel nacional.
Un plan con tres ejes y un propósito mayor
El 4 de noviembre de 2025, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la presidenta Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El comunicado oficial define el plan como una estrategia integral de reconstrucción de la paz basada en tres ejes complementarios:
- Seguridad y justicia.
Este eje implica el fortalecimiento de fuerzas federales y estatales; creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto; instalación de una oficina de la Presidencia en municipios clave; sistema de alerta para alcaldes y mesas de seguridad quincenales.
La mandataria lo sintetizó en una frase significativa: “la paz no se impone por la fuerza; se construye con las personas”. - Desarrollo económico con justicia.
Incentivos a la economía local, mejora de salarios agrícolas, inversión en infraestructura rural y polos de desarrollo regional.
La apuesta es romper la dependencia de las comunidades respecto al crimen organizado, generando alternativas reales de sustento y movilidad social. - Educación y cultura para la paz.
Escuelas de cultura de paz, becas para jóvenes, programas de deporte y arte en comunidades, y acompañamiento a víctimas.
Este eje introduce la dimensión cultural y simbólica: recuperar la confianza y el sentido de pertenencia donde la violencia fragmentó el tejido social.
Michoacán como laboratorio de pacificación
Michoacán no es solo un escenario de violencia: es un territorio de prueba.
Desde principios del siglo XXI, su historia refleja los altibajos de las políticas de seguridad nacionales: autodefensas, militarización, narcotráfico, desplazamiento forzado, y la pérdida de gobernabilidad local.
Si el plan logra reducir la violencia y restaurar la autoridad civil, se convertirá en un modelo posible para otros estados. Pero si fracasa, será otra pieza en la larga serie de intentos inconclusos de pacificación.
Del olvido de Calderon a la atención de Claudia Sheinbaum
Es cierto que hablar de “desmantelar las organizaciones criminales” puede parecer un acto de fe política. Ningún plan puede revertir en meses lo que décadas de corrupción, impunidad y desigualdad cimentaron.
Sin embargo, hay que reconocer que es la primera vez desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, que el gobierno federal plantea un enfoque de seguridad con justicia social y participación comunitaria, y no exclusivamente de fuerza.
La clave será la coherencia entre el discurso y la acción: que el acompañamiento económico y cultural no se diluya frente al peso de la respuesta militar o a la burocracia de los programas sociales.
Seguramente los medios de comunicación sólo estarán interesados en observar y comentar las actividades militares de pacificación y harán invisibles los avances en materia educativa y productiva, sin embargo, se vea o no, los tres ejes estratégicos tienen el mismo peso en el proceso de pacificación.
Lo que falta saber
Hasta este momento no se ha publicado el documento técnico completo del plan: ni presupuesto, ni cronograma, ni indicadores de evaluación. Tampoco sabemos si es una información que se vaya a dar a conocer o si se considerará de alta seguridad. Hasta ahora sabemos que el comunicado de la Presidencia anticipa que la versión integral se dará a conocer “en los próximos días”.
Tan pronto se dé a conocer la información, se abrirá una oportunidad —y una obligación— para los medios, universidades, comunidades religiosas y organizaciones civiles: vigilar su ejecución, exigir transparencia y acompañar la reconstrucción de la confianza institucional.
Un posible punto de partida
Quizá el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no sea aún la solución definitiva. Pero en un país que acumula décadas de corrupción, estrategias fallidas y cientos de miles de víctimas, todo primer paso fuerte hacia una paz estructural merece atención y escrutinio.
Si de Michoacán surge un modelo replicable —uno que combine justicia, desarrollo y dignidad—, podría ser el inicio de una nueva etapa en la relación entre Estado y sociedad, y el crimen organizado por fin dejará de ser una amenaza para todos. El país podrá ser libre nuevamente.
La historia dirá si este plan fue un intento más o el comienzo de una verdadera política nacional de pacificación.
