El homenaje oficial a Rubén Figueroa expone la fragilidad ideológica del gobierno estatal, reabre heridas históricas y evidencia que la memoria social de Guerrero sigue viva y dispuesta a confrontar las señales de regresión autoritaria.
El homenaje oficial a Rubén Figueroa Figueroa no es un gesto menor ni un simple acto administrativo. Es una decisión política que evidencia dos problemas de fondo: la falta de solidez ideológica en gobiernos estatales que se identifican con la izquierda, y la incapacidad de muchas instituciones regionales para asumir su responsabilidad frente a la memoria histórica y a las víctimas de la represión.
En un estado como Guerrero, donde la violencia de Estado no es un capítulo remoto sino una experiencia registrada por miles de familias, rendir honores a un personaje señalado por torturas, desapariciones y asesinatos es una muestra clara de desconexión política y social. No se puede llamar “formalismo” a lo que, en la práctica, reabre heridas que nunca han cerrado.
Una reacción social que demuestra que la memoria sigue viva
Lo ocurrido no pasó inadvertido. La movilización reportada por La Jornada en Atoyac dejó claro que la sociedad civil organizada conserva memoria, tiene voz y no está dispuesta a tolerar homenajes a quienes representan el autoritarismo más crudo del México del siglo XX.
Exguerrilleros, normalistas de Ayotzinapa, docentes, organizaciones campesinas y colectivos de derechos humanos salieron a las calles para exigir una disculpa pública del gobierno estatal. Sus reclamos son contundentes: el homenaje no solo ofende, sino que contradice décadas de lucha y de denuncia contra el terrorismo de Estado.
Estas protestas demuestran que, aunque el poder político cambie de partido, una parte de la sociedad mantiene claridad histórica. Y esa parte no permitirá que el pasado se maquille para acomodarlo a intereses coyunturales.
¿Error político o alianzas con el viejo poder?
El gobierno estatal justificó el homenaje apelando al calendario cívico. Pero reducir la decisión a un trámite revela otro problema: la ausencia de una línea ideológica clara. Si la izquierda en el poder no revisa las narrativas oficiales, no cuestiona la herencia autoritaria y no protege la memoria de las víctimas, entonces la etiqueta “de izquierda” pierde sentido.
También queda abierta otra lectura: el homenaje puede ser un gesto hacia grupos conservadores o hacia estructuras políticas que han sobrevivido a todos los cambios partidistas. Guerrero es un territorio donde el cacicazgo no ha desaparecido, solo se ha reorganizado. Si esta decisión responde a compromisos locales o arreglos con viejos actores del poder, la señal es aún más preocupante.
En ambos casos, el daño está hecho: el gobierno muestra debilidad, poca sensibilidad y falta de claridad en sus principios.
La memoria de Lucio Cabañas exige una revisión honesta
Mientras se honra a Figueroa, el recuerdo de Lucio Cabañas sigue siendo objeto de debate público. A algunos su figura les incomoda; para otros, representa la resistencia ante un Estado que cerró todas las vías de justicia. Pero lo que no puede ignorarse es que su historia forma parte del tejido real de Guerrero, no de una narrativa romántica.
Cabañas no surgió de un impulso irracional, sino de condiciones sociales extremas y de un Estado que respondió con balas a las demandas más básicas. Esa realidad explica por qué su nombre sigue siendo convocante para miles de personas. La protesta del 2 de diciembre no fue un acto nostálgico: fue una advertencia de que el país aún no ha procesado su pasado.
Por eso la memoria de Cabañas debe revisarse con seriedad, lejos de la caricatura oficialista y del miedo político. La comparación entre su figura y la de Figueroa no es un ejercicio académico: es un termómetro de la coherencia moral del presente.
Una responsabilidad que no se puede evadir
Cuando un gobierno que se presenta como progresista decide homenajear a un represor histórico, envía un mensaje claro: la ideología no está firme y las prioridades están desordenadas. La memoria de las víctimas y las luchas sociales no puede ser manipulada por inercias administrativas ni por pactos políticos locales.
La reacción social ya marcó un límite. Lo que queda por ver es si el gobierno estatal será capaz de asumir su error, ofrecer una disculpa pública y revisar sus criterios de conmemoración, o si optará por dejar que el tiempo desgaste el escándalo.
En Guerrero, donde las heridas siguen abiertas, ese costo político no será menor.
