Trump amenaza con aranceles a países europeos para presionar sobre Groenlandia. La disputa revela cómo una isla del Ártico se volvió pieza clave del nuevo juego de poder mundial.
En enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su presión sobre varios aliados europeos al anunciar la imposición de aranceles sobre productos provenientes de ocho países —Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia— si no respaldan su plan para “controlar” Groenlandia, un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca.
Trump declaró que un primer arancel del 10 % entraría en vigor el 1 de febrero y podría escalar hasta el 25 % a partir del 1 de junio, y que estos impuestos permanecerían vigentes hasta alcanzar un acuerdo que permita a Estados Unidos adquirir la isla.
Estas decisiones han desatado protestas masivas en Dinamarca y Nuuk (Groenlandia) bajo el lema “Groenlandia no está en venta” y han generado un fuerte rechazo diplomático en Europa, pues se perciben como una forma de presión económica para forzar un resultado geopolítico que muchos consideran inaceptable.
En respuesta a las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a varios países europeos por su posición sobre Groenlandia, los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su “solidaridad plena” con Dinamarca y Groenlandia. En ese pronunciamiento afirmaron que su presencia militar en el Ártico no representa una amenaza para nadie y defendieron la soberanía territorial de Groenlandia dentro del Reino de Dinamarca, subrayando que las medidas arancelarias estadounidenses “socavan las relaciones transatlánticas” y podrían desencadenar una **“espiral peligrosa” de tensiones entre aliados tradicionales.
Los países señalados también reiteraron su compromiso con el derecho internacional y su voluntad de mantener el diálogo, pero advirtieron que no aceptarán formas de presión que pongan en riesgo la cooperación entre Europa y Estados Unidos. Este comunicado se dio en medio de reuniones de emergencia de la Unión Europea para coordinar una respuesta política y plantear posibles contramedidas económicas frente a las amenazas arancelarias, así como en un contexto de críticas de líderes como el presidente francés Emmanuel Macron, quien calificó las amenazas como inaceptables.
La intención de Trump de “anexar” Groenlandia debe entenderse en un contexto más amplio de lo que él describe como intereses de seguridad nacional. Según la Casa Blanca, Groenlandia tiene un valor estratégico extraordinario debido a su ubicación dentro del Círculo Polar Ártico, un punto geográfico que permite el control de corredores marítimos y aéreos entre Norteamérica y Eurasia y que ha sido relevante para la vigilancia de misiles y defensa desde la Segunda Guerra Mundial.
En la isla se encuentra la base estadounidense de Pituffik (antes conocida como Thule Air Base), la instalación militar más septentrional de Estados Unidos y un nodo clave de sistemas de alerta temprana y vigilancia espacial vinculados con NORAD y otras redes de defensa.
Trump ha argumentado que poseer Groenlandia de forma plena permitiría a Estados Unidos proteger mejor estos activos frente a lo que percibe como amenazas de Rusia y China, asegurar rutas comerciales emergentes y explotar minerales estratégicos, aunque estas últimas razones están envueltas en debate sobre su real impacto inmediato.
La respuesta de los países europeos afectados ha sido de rechazo claro hacia la amenaza arancelaria y cualquier intento de forzar un cambio de estatus de Groenlandia sin el consentimiento de Dinamarca y de los propios groenlandeses.
Las capitales europeas han movilizado su diplomacia y comenzaron a reforzar la presencia militar en Groenlandia en apoyo de la soberanía danesa, y algunos gobiernos han considerado incluso enviar tropas o participar en ejercicios de defensa conjunta con el objetivo de contrarrestar el impulso unilateral de Washington.
La posición oficial de Dinamarca y Groenlandia ha sido repetidamente que las decisiones sobre el futuro de la isla corresponden únicamente a ellos, y que ningún país tiene autoridad para imponer un cambio de soberanía. Líderes nórdicos y bálticos han expresado solidaridad con esa postura y han subrayado la importancia de respetar los principios internacionales de autodeterminación.
Este episodio ha generado inquietud dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Groenlandia es parte del territorio danés, y Dinamarca es miembro fundador de la alianza. La idea de que Estados Unidos, el principal actor militar dentro de la OTAN, amenace con medidas económicas o militares para obtener control territorial ha sido interpretada por muchos analistas como un riesgo para la cohesión de la alianza transatlántica.
Líderes europeos han advertido que cualquier intento de cambiar forzosamente el estatus de un territorio aliado podría erosionar la confianza en la seguridad colectiva y poner en cuestión la solidaridad que durante décadas ha sido el fundamento de la OTAN.
Aunque las declaraciones de Trump han sido las que más atención han capturado, expertos señalan que cualquier intento serio de modificar el estatus territorial de Groenlandia enfrentaría barreras legales y políticas profundas tanto dentro de Estados Unidos como internacionalmente.
En el propio sistema estadounidense, un cambio de ese calibre requeriría la aprobación del Congreso y un debate legal detallado; en el plano internacional, la Carta de las Naciones Unidas prohibe la adquisición de territorio por medio de la coerción o la fuerza.
La actual escalada de tensiones ha sido comparada por algunos analistas con una forma de “guerra híbrida”: más allá de amenazas abiertas de invasión militar, se emplean herramientas políticas y económicas para presionar a aliados a ceder en asuntos estratégicos.
En términos geopolíticos, lo que está en juego va más allá de Groenlandia. Si Washington aplica aranceles como medida de presión geoestratégica para imponer acuerdos en cuestiones de seguridad o soberanía, se abriría un camino para que los impuestos a la importación se conviertan en instrumentos para influir en decisiones soberanas de aliados.
Los aranceles entre aliados generaría un entorno internacional más volátil, donde las alianzas tradicionales se verían condicionadas por mecanismos transaccionales antes que por compromisos diplomáticos basados en intereses compartidos de largo plazo.
Este episodio ha reavivado discusiones sobre la importancia del Ártico en la política internacional contemporánea, un espacio que se está volviendo cada vez más relevante por el cambio climático, la accesibilidad de rutas marítimas y el interés en recursos naturales.
Las respuestas europeas muestran que no solo Dinamarca, sino un conjunto de aliados, están dispuestos a defender la soberanía territorial y los marcos de cooperación existentes frente a cualquier intento de coerción unilateral.
La crisis en torno a Groenlandia y los aranceles anunciados por Trump no solo ponen a prueba las relaciones transatlánticas en 2026, sino que invitan a replantear cómo se negocian hoy los intereses estratégicos entre aliados tradicionales, y qué límites éticos y jurídicos deben regir en una época donde la interdependencia económica y los desafíos de seguridad convergen de maneras nuevas y complejas.
