Los concesionarios del transporte urbano en Torreón han solicitado elevar la tarifa del pasaje a 18 pesos, argumentando el aumento de los costos operativos y la necesidad de hacer viable el servicio. La petición, presentada ante la Presidencia Municipal, forma parte de una narrativa recurrente en muchas ciudades del país.
Lo que llama la atención es que se pretende discutir el precio sin poner en el centro del diálogo las condiciones reales del servicio que hoy se presta, lo cual le resta legitimidad social a cualquier aumento de tarifa.
Basta observar el transporte urbano de Torreón para constatar una realidad cotidiana: unidades viejas, con desgaste mecánico evidente, interiores sucios, deficiente ventilación, falta de accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores, y un trato al usuario que con frecuencia raya en el desdén.
Estas condiciones en que se encuentra el transporte urbano de Torreón son fallas estructurales que responden a años de escasa inversión, débil supervisión y a un modelo concesionado que ha envejecido sin transformarse. En este contexto, pedir un aumento de tarifa equivale a trasladar al usuario el costo de la ineficiencia, sin ofrecer una mejora tangible a cambio. El ciudadano no sólo paga con dinero, paga con tiempo, incomodidad, inseguridad y pérdida de dignidad cotidiana.
Querétaro: el contraste
La comparación con Querétaro no es injusta. Aunque se trata de una capital de estado, es una ciudad mexicana de escala comparable con Torreón pero que tomó decisiones distintas en materia de transporte público.
Allí, el sistema urbano opera con unidades modernas y funcionales, condiciones generales de limpieza y mantenimiento, accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores, y tarifas diferenciadas con un claro enfoque social.
En 2026, la tarifa general en Querétaro es de 11 pesos, mientras que estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad pagan apenas 2 pesos. Estas tarifas no son producto del altruismo empresarial, sino de una definición clara de política pública donde el transporte público es un servicio esencial y, como tal, responde a una lógica social y no únicamente a intereses económicos privados.
El dato es contundente: en Querétaro hay mejor servicio y menor tarifa, lo que nos lleva a la conclusión de que la diferencia está en cómo se administra el transporte.
El error de fondo: analizar la tarifa sin analizar el sistema
En Torreón, la discusión pública suele reducirse a una pregunta mal planteada: ¿es suficiente la tarifa actual para los concesionarios? La pregunta correcta debería ser otra: ¿el sistema actual justifica que el usuario pague más?
La tarifa no puede evaluarse sin considerar la calidad del servicio, la edad de la flota, las condiciones de seguridad, la frecuencia y cobertura de las rutas, el trato al usuario y la accesibilidad universal. Cuando estos elementos no existen o no se cumplen, el aumento tarifario deja de ser una decisión técnica y se convierte en una carga social injusta.
El papel del Estado: ausente o complaciente
Otro elemento central es el rol de las autoridades. Hasta ahora, el gobierno municipal ha administrado un sistema ineficiente y deteriorado, pero no ha impulsado una reestructuración de fondo. No vemos que las autoridades hagan un esfuerzo serio por estudiar experiencias exitosas en otras ciudades del país ni por replantear el transporte como un sistema integral orientado al usuario. En realidad el municipio aún ve el sistema de transporte como una suma de concesiones aisladas.
El transporte público concesionado no es un asunto privado. Es un servicio de interés público que exige regulación, supervisión y planeación. Cuando el municipio se limita a recibir solicitudes de incremento tarifario sin replantear el sistema completo —urbano y regional—, olvida su función esencial.
La consecuencia es previsible: usuarios desprotegidos, concesionarios sin incentivos para invertir y un sistema que se deteriora año con año. Subir la tarifa sin un plan integral equivale a dejar el problema para más adelante, dejando intactas las causas del deterioro.
¿Se debe subir el pasaje?
No queremos eludir la pregunta, pero el primer paso no está dentro del sistema de transporte, sino en las decisiones de política pública. El costo de una reestructuración no puede recaer, una vez más, sobre los usuarios, que son finalmente el pueblo lagunero.
La renovación de flotillas, la implementación de sistemas de control, la profesionalización del personal y la mejora del servicio requieren una inversión significativa, que necesariamente debe provenir de una combinación de recursos públicos y privados. Para ello, el municipio debe revisar con seriedad sus finanzas, identificar fugas por gastos innecesarios, ineficiencias o posibles actos de corrupción, y reordenar prioridades.
Una vez que el municipio defina su nivel de participación, tanto en el financiamiento como en la regulación, la cual es ineludible en virtud de que el transporte debe ser considerado una prioridad en materia de políticas públicas, sólo entonces podrá discutirse una tarifa justa, que podría ser igual, menor o mayor a la actual, pero que necesariamente contemple esquemas preferenciales en las tarifas para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
El debate real no es si se sube o no el pasaje. El debate es si Torreón seguirá sosteniendo un modelo agotado o si está dispuesto a repensar su sistema de transporte urbano.
Transporte público y dignidad urbana
El transporte público no es un favor ni del municipio ni de los concesionarios. Es una pieza central de la vida urbana, del derecho a la movilidad y de la cohesión social.
Pedir más dinero a los usuarios sin ofrecer un servicio digno no es sólo una mala decisión administrativa; es una decisión socialmente regresiva.
Torreón no necesita una nueva tarifa. Necesita un nuevo enfoque, uno que ponga al usuario en el centro y entienda que la movilidad no se mide en pesos, sino en calidad de vida.
