La prisa de Proceso por declarar el fracaso de las megaobras del sur

Estación del Tren Maya con infraestructura nueva y afluencia moderada de pasajeros en el sureste de México.
Las megaobras del sureste fueron planteadas como proyectos de desarrollo de largo plazo. Su impacto económico aún se encuentra en fase inicial.

La revista Proceso afirma que las obras impulsadas por el gobierno federal no han detonado inversión privada en el sur. Pero evaluar proyectos de largo plazo con resultados iniciales abre una pregunta de fondo: ¿se está analizando el proceso… o dictando su fracaso antes de tiempo?

La revista Proceso publicó recientemente una nota con un titular contundente: las megaobras impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sur del país —entre ellas el Tren Maya— no han detonado inversión privada, sino apenas “migajas”.

El mensaje de la revista es claro y no necesita interpretación sofisticada: el proyecto que prometía transformar económicamente al sur, fracasó en su propósito central. 

Pero antes de aceptar ese veredicto, conviene revisar el momento en que se está juzgando.

Evaluar cuando todo apenas comienza

Las grandes obras de infraestructura no funcionan como negocios de apertura inmediata. No es lo mismo inaugurar un tren que consolidar un corredor económico. No es lo mismo tender vías que generar parques industriales. No es lo mismo abrir estaciones que atraer capital privado.

En todo proyecto ferroviario, entre una cosa y otra pasan años, a veces décadas y es normal que en todas las sociedades del mundo los veredictos sobre su funcionalidad y efectos en la economía nacional los juiciosos de los analistas dejan pasar décadas para revisar los efectos.

Sin embargo, muchos medios de comunicación —y la nota de Proceso entre ellos— evalúa estos proyectos como si debieran dar resultados plenos casi de inmediato.

Si la inversión privada no llega en los primeros años, los medios hablan de fracaso. Si el crecimiento es gradual, se presenta como insuficiente. Si los polos industriales aún están en desarrollo, se leen como promesas incumplidas.

El problema no es la cifra… es el reloj

Nadie discute que la inversión privada inducida aún es limitada frente a las expectativas iniciales. Ese dato puede revisarse, discutirse y analizarse.

El punto es otro: ¿es serio evaluar un proyecto planteado a 20 o 30 años con cifras de sus primeros años de operación? Es como abrir un puesto de tacos el lunes y que el miércoles alguien llegue a decirte que fracasaste porque todavía no tienes fila. La observación puede ser cierta, pero el juicio es absurdo.

Elegir el momento más débil

Cuando se revisa la forma en que algunos medios están leyendo las megaobras del sur, surge una pregunta incómoda: ¿Por qué evaluarlas justo ahora, cuando los efectos económicos apenas comienzan a moverse?

La respuesta es obvia: porque hacerlo hoy garantiza una conclusión negativa, pues los polos de desarrollo están en proceso de instalación, la carga ferroviaria está en expansión, los encadenamientos turísticos están en formación y la inversión inmobiliaria apenas arranca.

Evaluar en esta fase no describe el resultado final: describe el punto más débil del proceso de desarrollo, y sobretodo describe la intención de la revista Proceso.

¿Análisis… o postura?

Aquí es donde la discusión deja de ser económica y se vuelve mediática. Porque una cosa es fiscalizar al poder —tarea legítima del periodismo—, y otra muy distinta es dictar sentencia cuando el proceso está en construcción.

Cuando un medio toma los datos iniciales, ignora los tiempos de maduración y los presenta como balance definitivo, más que analizar, lo que hace es fijar su postura.

No es que las cifras sean falsas, es que el juicio llega deliberadamente antes que de tiempo.

La disputa por el relato del sur

El gobierno federal construyó un relato claro: las obras del sureste serían palanca histórica de desarrollo regional, mientras medios como Proceso construyen el contra-relato: la promesa está inflada y los resultados serán mínimos. No es una discusión de datos solamente, es una disputa por el significado de esas obras.

¿Son inversiones de largo aliento cuyo impacto tomará años? ¿O proyectos sobredimensionados que no generarán el retorno prometido? Lo sabremos con el paso del tiempo. La respuesta depende, en buena medida, del momento en que se decida evaluarlos.

Qué pretende Proceso al dictar un fracaso anticipado

Declarar el fracaso demasiado pronto puede buscar efectos políticos y sociales como deslegitimar proyectos en curso, desincentivar la inversión que aún está por llegar, fijar en la opinión pública la idea de inutilidad y reducir procesos complejos a balances simplistas.

Un fracaso es posible, dependerá de muchos factores de actuación en el Estado, pero lo que parece ser la intención de Proceso es dar por consumado el fracaso antes de tiempo.

La nota de Proceso no miente en los datos que presenta. Pero su encabezado —al hablar de que las obras no detonaron inversión sino “migajas”— convierte una fase inicial en conclusión estructural.

Ahí está el punto crítico. Porque una cosa es decir: “La inversión aún es limitada”. Y otra muy distinta: “El proyecto no detonó inversión”. Lo primero describe un momento de un proyecto en marcha. Lo segundo dicta un veredicto.

Hoy, el proceso del proyecto sigue abierto

Quizá dentro de diez o quince años pueda evaluarse con justicia si las megaobras del sur detonaron —o no— la inversión prometida.

Por eso, más que afirmar éxito o fracaso, lo prudente sería reconocer que estamos viendo apenas los primeros movimientos de una apuesta económica de largo alcance.

Dictar su fracaso ahora no es rigor: es prejuicio. Y cuando el prejuicio se vuelve titular de una noticia, el análisis queda en segundo plano.

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