El combate al crimen organizado suele pensarse en términos de operativos, detenciones y decomisos de droga. Sin embargo, hay un frente menos visible pero igual de decisivo: el control del flujo de armas. Ninguna organización criminal podría sostener su capacidad de intimidación, expansión territorial o confrontación con el Estado sin acceso constante a armamento de alto poder.
Las armas no sólo acompañan al crimen; lo potencian. Amplifican su letalidad, su poder de fuego y su margen de maniobra frente a autoridades y comunidades enteras. Por eso, hablar de seguridad pública sin hablar del tráfico de armas es analizar el problema a medias. El desmantelamiento de estructuras criminales no depende únicamente de cortar sus finanzas o sus rutas de droga, sino también de limitar su capacidad para armarse.
Entender de dónde vienen esas armas, cómo cruzan fronteras y por qué siguen fluyendo es indispensable para dimensionar el tamaño real del desafío.
El tráfico de armas hacia México es uno de los problemas cuya solución no dependen de un solo país. Tampoco nace en un punto y termina en otro como una línea recta; más bien se comporta como un río cuesta abajo que atraviesa territorios, decisiones políticas, omisiones institucionales y redes criminales que operan a ambos lados de la frontera.
La imagen del río ayuda a entender el origen del flujo, pero no basta para explicarlo. Porque si bien el cauce puede nacer río arriba, la magnitud de la inundación también depende de lo que ocurre río abajo.
En el caso del armamento que termina en manos del crimen organizado mexicano, el punto de origen más documentado está en el mercado legal estadounidense. No hablamos de arsenales clandestinos ni de fábricas ocultas, sino de armas adquiridas formalmente en tiendas autorizadas, por compradores que pasan controles legales y que después desvían ese armamento hacia redes de tráfico. El flujo deja de ser legal en la transferencia, en la exportación sin licencia y en el contrabando transfronterizo.
Ahí comienza el primer tramo de responsabilidad. Porque el flujo no podría existir sin disponibilidad de armas, sin capacidad de compra y sin fallas en la supervisión de exportaciones ilegales. La venta puede ser legal dentro de Estados Unidos, pero cuando ese armamento termina alimentando estructuras criminales en otro país, la discusión deja de ser sólo jurídica y entra en el terreno de la seguridad regional.
Sin embargo, el río no cruza solo.
Una vez que las armas se dirigen hacia la frontera, entramos en un espacio de corresponsabilidad. El contrabando requiere que alguien logre sacarlas y que alguien no logre detenerlas al entrar. El problema es que esa frontera es una de las más transitadas del mundo: millones de vehículos, comercio masivo, cadenas logísticas que no pueden paralizarse sin afectar economías enteras. Revisarlo todo es materialmente imposible. Mientras tanto el tráfico se adapta: utiliza cargamentos pequeños, piezas desmontadas, compartimentos ocultos. Es el llamado contrabando hormiga, menos visible, más persistente.
México, por su parte, no carece de mecanismos de contención. Existen inspecciones aduanales, operativos de decomiso, inteligencia bilateral y rastreo balístico. Cada año se incautan miles de armas. Es decir, sí hay diques. Pero son diques que enfrentan un caudal constante, fragmentado y técnicamente sofisticado. A ello se suma un factor innegable: la corrupción focalizada, que no define al sistema entero pero sí abre grietas suficientes para que el flujo continúe.
Aquí aparece la asimetría más dolorosa del fenómeno. Mientras la disponibilidad de armas y el beneficio económico de su venta se concentran en el norte, el costo humano de su uso se concentra en el sur. Las armas no generan por sí mismas el crimen organizado, pero multiplican su capacidad de fuego, su control territorial y su letalidad frente al Estado y frente a la población civil.
Por eso el debate bilateral suele enredarse en reproches cruzados. Estados Unidos exige resultados en el combate al narcotráfico y a los cárteles; México responde señalando el flujo de armas que potencia a esas mismas organizaciones. Visto superficialmente, parece una contradicción. Analizado estructuralmente, es una cadena donde cada país enfatiza el tramo que no controla y minimiza el que sí.
México tiene el mayor incentivo para frenar el trasiego porque padece sus consecuencias directas: homicidios, desplazamientos, economías locales capturadas por la violencia. Pero no controla el origen del flujo. Estados Unidos controla el origen, pero no padece en su territorio la misma intensidad del impacto. Esa es la raíz de la corresponsabilidad asimétrica: el problema nace con mayor fuerza en un lado y desangra con mayor crudeza en el otro.
Reducir el fenómeno a un solo culpable simplifica y empobrece la comprensión. El tráfico de armas hacia México existe porque confluyen, al mismo tiempo, disponibilidad de compra, redes de desvío, fallas de exportación, contrabando transfronterizo, debilidades de inspección, corrupción focalizada y demanda criminal interna. Cortar un solo eslabón ayuda, pero no desarticula toda la cadena.
La solución, por tanto, no está en trasladar culpas sino en asumir responsabilidades complementarias. Control en origen sin contención en destino es insuficiente. Contención en destino sin control en origen es reactiva y costosa. El río puede nacer arriba, pero la inundación se agrava cuando abajo no hay diques suficientes; sin embargo los diques, por robustos que sean, difícilmente contendrán un caudal que nunca deja de alimentarse.
A la luz de todo lo anterior, el tráfico de armas hacia México no puede explicarse desde culpas únicas ni soluciones unilaterales. Es una cadena que comienza con la disponibilidad de compra, continúa con redes de desvío y contrabando, y se consolida cuando logra internarse y distribuirse en territorio nacional. Cada tramo tiene responsables, omisiones y márgenes de acción distintos.
México enfrenta el impacto directo de la violencia y, por tanto, tiene el mayor incentivo para contener el flujo que la alimenta. Pero no controla su origen. Estados Unidos controla buena parte de ese origen, pero no padece en la misma magnitud sus consecuencias. Entre ambos extremos se configura una corresponsabilidad inevitable, asimétrica pero inseparable.
El combate al crimen organizado, entonces, no sólo se libra en brechas rurales o calles urbanas; también se juega en aduanas, legislaciones, controles de exportación y mecanismos de cooperación binacional. Porque mientras el río de las armas siga fluyendo sin diques suficientes en ambos lados, la violencia encontrará siempre cómo abrirse paso.
