La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió comparar al gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con la “dictadura cubana”, al participar —mediante video— en un evento del sistema político trumpista celebrado en Mar-a-Lago, Florida. La de Díaz Ayuso fue una afirmación deliberada, dirigida a una audiencia ideológicamente afín, donde México fue colocado en el mismo paquete que Cuba y Nicaragua bajo la categoría de “regímenes autoritarios” y “narcoestados”.
Cuando se utilizan palabras de ese calibre, la carga de la prueba es de quien acusa. Porque “dictadura” no es un adjetivo de combate: es una categoría política verificable.
¿Cuándo hablamos realmente de dictadura?
Hablamos de dictadura cuando se rompe el juego democrático, cuando se cancelan elecciones libres, cuando la oposición es ilegalizada o perseguida por existir, cuando la prensa crítica es clausurada, cuando la división de poderes desaparece, cuando disentir implica cárcel o exilio. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid confunde dictadura con ser un gobierno de izquierda, que impulsa políticas sociales y que confronta a élites económicas.
Bajo esos criterios, llamar “dictadura” al México actual exige pruebas estructurales que no aparecen en su discurso: hoy hay elecciones competidas, oposición gobernando estados, medios críticos operando, Suprema Corte activa y alternancia reciente en la historia política del país.
Se puede criticar al gobierno mexicano —y debe hacerse—, pero llamar dictadura a un sistema donde el poder sigue dependiendo del voto es degradar el lenguaje político.
Popularidad no es absolución, pero sí es un dato importante
Se suele responder que la popularidad no absuelve a nadie. Y es cierto: hay líderes populares que han concentrado poder. Pero también hay que decir lo otro: una aprobación sostenida por encima del 70% es legitimidad de desempeño.
De hecho, una parte significativa del respaldo social a Claudia Sheinbaum proviene de sectores no militantes, moderados e incluso votantes históricamente cercanos a la derecha que validan resultados concretos: programas sociales, estabilidad económica, inversión pública, infraestructura, cercanía política con sectores populares.
La gente vota realidades cotidianas, por eso confundir popularidad con manipulación autoritaria es desconocer la razón política de millones de ciudadanos.
Violencia criminal: evitar la simplificación sin desconocer la gravedad
Ahora bien, México vive problemas gravísimos de violencia criminal, impunidad y economías ilegales. Negarlo sería irresponsable, pero explicarlos sin contexto es distorsionarlos.
El poder de fuego del crimen organizado depende en gran medida del flujo armamental proveniente de Estados Unidos. Rifles de asalto, municiones y equipo táctico no se fabrican en comunidades mexicanas sino que cruzan la frontera norte. Del mismo modo, el financiamiento del narcotráfico descansa en la demanda de narcóticos del mercado estadounidense, el mayor consumidor del mundo.
A eso se suma una arquitectura criminal consolidada durante décadas previas, especialmente tras la fragmentación violenta provocada por estrategias de guerra frontal en sexenios pasados.
Nada de eso exonera responsabilidades internas. Los grupos delictivos poseen tal poder económico que logran infiltrarse en estructuras locales de gobierno, sobre todo municipales. Él más reciente caso lo tenemos en Tequila Jalisco. Esa vulnerabilidad existe y debe nombrarse.
Pero convertir ese fenómeno complejo en prueba de “narcoestado dictatorial” lejos de ser análisis, es propaganda geopolítica.
Precisión necesaria: no hay “regiones capturadas”
Hablar, como lo hacen los comentócratas de derecha , de que existe en México una “captura territorial en regiones del país” puede inducir la idea de que grandes zonas del país están sometidas al crimen: el norte entero, el sureste entero. Ese no es el caso.
Lo que sí existe son micro-territorios focalizados: Municipios específicos, corredores logísticos, comunidades rurales, colonias urbanas concretas. Son espacios fragmentados, discontinuos y en disputa, donde confluyen economías ilegales y debilidades policiales locales.
No hay hegemonía territorial continua ni metástasis del Estado mexicano. La infiltración es dispersa, no sistémica. El Estado sigue operando —con tensiones— en esos mismos espacios mediante fuerzas federales, programas sociales, elecciones y servicios públicos.
Sobredimensionar la escala del fenómeno sirve a una narrativa: la del “Estado fallido” que requiere tutela externa.
El trasfondo ideológico
Las palabras de Ayuso no son aisladas. Forman parte de una narrativa transnacional que califica democracias según su alineación económica y geopolítica, por eso los gobiernos que fortalecen lo público, amplían derechos sociales o reivindican soberanía económica son rápidamente etiquetados como “autoritarios”, mientras no se habla de sus respaldos electorales y sus marcos constitucionales vigentes. No están defendiendo la libertad: están combatiendo al modelo de izquierda.
México no necesita que Madrid le otorgue certificados de democracia ni que desde cenas ideológicas en Florida se le diagnostique como dictadura. Lo que México necesita es un debate serio: datos, políticas, resultados y responsabilidades compartidas —incluidas las internacionales— en fenómenos como el tráfico de armas y el narcotráfico.
México es una democracia en disputa, con problemas reales, con respaldo social tangible y con un pueblo que decide en las urnas.
