La acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentada por autoridades de Estados Unidos, ha encendido el debate público en México. Entre quienes celebran una supuesta confirmación de culpabilidad y quienes la descartan por verla como presión política, conviene detenerse: ni una cosa ni la otra. Este no es un caso para reaccionar, sino para comprender.
Una acusación no es una sentencia
En el sistema judicial estadounidense, las acusaciones formales parten de fiscales del Department of Justice que presentan su caso ante un gran jurado. Eso significa que existe un nivel de evidencia inicial —lo que llaman “causa probable”—, pero no equivale a una prueba plena ni a una condena.
Este punto es esencial. La acusación abre un proceso; no lo cierra. Y en ese proceso, la defensa aún no ha sido escuchada.
El precedente que obliga a la prudencia
El caso de Salvador Cienfuegos sigue siendo una referencia ineludible. Detenido en Estados Unidos bajo acusaciones graves, fue posteriormente liberado y exonerado en México por falta de pruebas suficientes.
Aquello no anuló el sistema judicial estadounidense, pero sí dejó una lección: una acusación puede existir sin que su solidez esté garantizada. Desde entonces, México no puede —ni debe— asumir automáticamente la validez de cualquier señalamiento externo. Pero tampoco puede ignorarlo.
No es solo un asunto jurídico
Formalmente, Estados Unidos puede acusar con base en “causa probable”. Pero cuando se trata de un gobernador en funciones de otro país, el problema ya no es solo legal. Es también Diplomático, porque impacta la relación entre Estados, Ético, porque pone en juego la credibilidad de las instituciones que acusan y Político, porque puede influir en la narrativa pública dentro y fuera de México
En ese contexto, la solidez de la acusación no puede ser una exigencia diferida al juicio. Debe ser, desde el inicio, una responsabilidad implícita del acto mismo de acusar.
Presión y la negación
El riesgo hoy es caer en dos extremos igualmente pobres: por un lado dar por culpable a Rocha Moya por el solo hecho de ser acusado, y por otro lado desestimar la acusación como una maniobra sin sustento. Ambas posturas simplifican lo que es, en realidad, un proceso complejo.
Una postura necesaria
México no puede actuar ni desde la sumisión ni desde la negación. Lo responsable es sostener una posición más exigente: tomar en serio la acusación, sin convertirla en verdad automática.
Lo correcto es exigir pruebas, sin descalificar el proceso. Si las pruebas existen y son sólidas, deben presentarse y sostenerse. Si no lo son, el costo no será solo para el acusado, sino para quien acusa.
Este no es un momento de consignas, sino de criterio.
Es de criterio porque hay sectores del país que en lugar de velar por la soberanía, buscan que sus enemigos políticos —que no adversarios— sean castigados aún siendo inocentes o aún sin pruebas.
Y es de criterio porque en casos como este, lo que está en juego no es solo la responsabilidad de una persona, sino la manera en que se construye la verdad en el espacio público. Y esa verdad no se decreta: se demuestra.
________________
En Tejido Social creemos que la información también se construye en diálogo. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias sobre este tema o cualquier otro, puedes escribirnos a gerper2@hotmail.com o enviarnos un mensaje por WhatsApp al +52 442 328 3321. Tu voz también forma parte de la conversación pública.
