El enfrentamiento entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum, divulgado por la gobernadora de Chihuahua en su entrevista con Carlos Loret de Mola, es una de las escenas que dañan la autoridad pública aun cuando no cambien una sola atribución de quien gobierna. Que la sociedad se entere de que alguien le gritó a la presidenta, y que esta respondió elevando también la voz, deja una investidura manchada.
El encuentro ocurrió el 19 de septiembre en Ciudad Juárez. Ahora, después de la detención del exfiscal César Jáuregui, Campos decidió divulgar los reproches que ambas intercambiaron. Según su relato, Sheinbaum le reclamó que su gobierno hubiera permitido la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico.
La gobernadora, por su parte, reprochó a la presidenta la falta de apoyo de las fuerzas federales para atender la inseguridad en Chihuahua y acusó a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, de tener vínculos con el crimen organizado. Sheinbaum reconoció que ambas elevaron la voz y sostuvo que pidió a Campos presentar pruebas de esa acusación.
La investidura tiene una dimensión que va más allá de los reglamentos: el respeto que inspira ante la sociedad. La investidura presidencial entraña la dignidad y la responsabilidad del cargo de representar y gobernar al país. Quien ocupa la Presidencia tiene el deber de preservarla, porque el respeto que merece la institución trasciende a su persona. Por eso, una escena de gritos entre la presidenta y una gobernadora mancha la investidura ante la sociedad: expone esa representación pública como parte de una disputa personal.
Campos, políticamente lastimada por la detención de quien fue fiscal de su gobierno, encontró en la divulgación del encuentro una oportunidad para recuperar imagen. El relato le permite presentarse como una gobernadora que enfrenta a la presidenta y desplazar la atención hacia los agravios que dice haber recibido. La explicación de sus responsabilidades queda competida por el espectáculo de su confrontación.
Es una práctica que recuerda las actitudes peleoneras del PRI: provocar el choque, golpear físicamente al adversario y conseguir menciones mediante la agresividad, como fuel el caso de Alejandro Moreno agrediendo a Gerardo Fernández Noroña. Una manera de hacer política en la que la exposición del contrincante se convierte en ganancia propia. Maru Campos milita en el PAN, pero ese recurso pertenece a una cultura del poder que ha atravesado siglas.
En esa operación, el riesgo es desigual. Una gobernadora con su imagen deteriorada tiene incentivos para elevar el conflicto. En una confrontación tiene más qué ganar que lo que pueda perder. Puede ganar presencia, simpatías opositoras y una nueva explicación de sus dificultades. En cambio la presidenta expone algo mayor: el respeto público a una institución que representa al país entero.
Sheinbaum no debió permitir que la conversación llegara a ese terreno. Tenía motivos para exigir explicaciones y la responsabilidad de hacerlo. También tenía que conducir el encuentro, detener la escalada o darlo por terminado. Era previsible que un intercambio semejante pudiera utilizarse después para construir una escena de desafío al poder presidencial.
Hacerse respetar exige conservar el control de la propia actuación. Cuando la presidenta entra en la dinámica del enfrentamiento, facilita que los grandes temas como los asuntos de soberanía, seguridad y responsabilidad pública terminen narrados como una vulgar disputa personal.
La gravedad aumenta con las expresiones que acompañan el episodio. Llamar a Sheinbaum “presidenta de la muerte” equivale a una vulgar grosería en un mercado y busca imponer una condena moral sobre su persona y su gobierno. Señalar a Montiel por vínculos con el narcotráfico añade una acusación de enorme peso. En boca de una gobernadora, esas palabras comprometen la responsabilidad de una autoridad; no pueden tratarse como simples recursos para ganar una entrevista.
El episodio no se reduce a una pelea entre mujeres insultándose. Esa presentación alimenta prejuicios y empequeñece el problema. Estamos ante dos mandatarias cuyas conductas tienen consecuencias para la relación entre gobiernos y para la confianza ciudadana.
Preocupa el precedente: que exhibir una confrontación agresiva se vuelva un camino rentable para recuperar terreno político. Y me preocupa que la Presidencia contribuya involuntariamente a esa rentabilidad al dejarse arrastrar al intercambio.
La investidura presidencial merece un cuidado que debe empezar por quien la ejerce. Precisamente porque su valor vive también en la percepción de la sociedad, cada escena cuenta. En esta, desde mi punto de vista, Campos encontró una oportunidad política y la presidenta dejó expuesta una autoridad que tenía el deber de preservar.
