Las denuncias contra agentes del Instituto Nacional de Migración y la respuesta inmediata del gobierno federal muestran una diferencia clave frente al pasado: hoy, quien abusa del poder enfrenta consecuencias.
En los últimos días de diciembre de 2025, se viralizaron en redes sociales y distintos medios digitales videos en los que se observan presuntos actos irregulares cometidos por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) contra connacionales que regresaban a México para pasar la temporada navideña con sus familias.
El caso específico: Puerta México, Matamoros
De acuerdo con comunicados oficiales del INM y reportes periodísticos, los hechos ocurrieron presuntamente la noche del 16 de diciembre en las oficinas del Puente Internacional “Puerta México”, en Matamoros, Tamaulipas, cuando dos agentes del INM fueron exhibidos en un video cometiendo actos contrarios a la ley en agravio de paisanos en tránsito hacia nuestro país.
La difusión de estas imágenes provocó una respuesta institucional inmediata, tanto de la dirección del INM como del gobierno federal. Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto, aseguró que no se tolerará la corrupción ni el abuso de poder dentro de la institución, y subrayó que existe una instrucción directa de la presidenta de la República para garantizar un trato digno y humano a migrantes y connacionales.
Acciones del INM y del Gobierno federal
En un movimiento que contrasta con las prácticas históricas de impunidad en México, los dos agentes señalados fueron separados de sus cargos de manera inmediata y puestos bajo investigación interna.
El INM, acompañado por la Secretaría de Gobernación, también informó que las denuncias penales correspondientes fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los agentes implicados y contra quienes resulten responsables durante las indagatorias.
Más allá de la acción administrativa, este paso —la presentación de demandas ante el órgano judicial competente— es un elemento clave. No se trató simplemente de remover a los servidores públicos del cargo, sino de llevar los hechos a la órbita del derecho y la justicia penal. En un Estado democrático, este tipo de acciones fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.
Contexto: las denuncias de nuestros paisanos
Las quejas y denuncias no se limitan a este caso específico. Miles de connacionales que regresan a México por vía terrestre y aérea han denunciado en estas semanas una práctica extendida de retenes irregulares y cobros de “mordidas” en carreteras y garitas, con cantidades que van desde los 200 hasta los mil dólares por familia.
Estas extorsiones, según testimonios difundidos en medios, habrían sido efectuadas incluso por agentes de la Guardia Nacional, supuestos funcionarios de la Fiscalía General de la República, policías estatales o municipales, y otros servidores públicos en diferentes puntos del país.
En muchos de estos casos, los paisanos aseguran que su intención era simplemente reencontrarse con sus seres queridos en diciembre, pero se toparon con un “turismo de alto riesgo” en el que desde retenes ilegales hasta abusos institucionales intentan lucrar con sus ahorros y con las remesas que traen a sus comunidades.
Un contraste con el pasado
México ha enfrentado durante décadas el reto de erradicar prácticas de corrupción arraigadas en distintos niveles de la administración pública. La extorsión, la impunidad y la tolerancia frente a abusos de poder han sido durante muchos años la regla más que la excepción en múltiples instituciones del país, incluyendo autoridades migratorias.
La recomendación de organismos internacionales para mejorar la protección de derechos humanos y sancionar a los servidores públicos que los vulneren ha sido constante.
Sin embargo, el rapto de hechos como los de Matamoros y la reacción gubernamental actual marcan una diferencia significativa: se actúa con evidencias, se investigan los hechos, se separa a los servidores públicos y se presenta una denuncia ante la autoridad judicial correspondiente. Este conjunto de acciones no sólo castiga una conducta irregular, sino que genera un precedente jurídico y moral para el futuro.
¿Por qué importa esto?
La narrativa de un gobierno que, ante casos comprobados de abuso, reacciona de inmediato y aplica la ley contribuye a recuperar la credibilidad del Estado en materia de lucha contra la corrupción, especialmente en un contexto donde esta ha sido cuestionada con dureza desde diversos frentes políticos.
Que la administración actual no proteja a los responsables, sino que los lleve ante la justicia, habla de un enfoque más serio en la construcción de una sociedad donde nadie esté por encima de la ley.
Esta respuesta institucional, además, refleja que no hay gobierno ni institución exenta de malas prácticas, pero lo esencial es que exista la voluntad y los mecanismos para corregirlas y sancionarlas.
Se requiere erradicar la corrupción
La atención a las denuncias de paisanos que regresan a México y la sanción administrativa y penal contra agentes del INM por presuntos actos irregulares son un recordatorio de que la lucha contra la corrupción debe ser constante y visible.
La diferencia hoy radica en que las denuncias ya no se quedan en la mesa de un subsecretario o en el olvido de una carpeta archivada, sino que se traducen en acciones concretas con consecuencias legales claras para quien infringe la ley.
Lo que será de transcendental importancia es que no se requiera la intervención de la titular del ejecutivo federal para actuar, sino que sea una acción sistemática e institucional para erradicar de una vez por todas con esas prácticas de corrupción.
Este es, sin embargo, un avance que fortalece el tejido social, la confianza institucional y la justicia para quienes, simplemente, vienen a reunirse con su familia.
