No es menor la acusación que ha lanzado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas, entre ellas CIBanco, Intercam y Grupo Vector, por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La sola mención de este tipo de señalamientos basta para encender alarmas en la opinión pública. Pero precisamente porque no es un asunto menor, se exige una actitud a la altura: seriedad, responsabilidad y, sobre todo, pruebas claras.
Una acusación de esta naturaleza no puede hacerse en abstracto, ni sustentarse en ambigüedades o en documentos cerrados al escrutinio público. Las implicaciones son demasiado graves. No sólo se pone en entredicho la honorabilidad de las instituciones señaladas, sino que se presta a ser usado como munición política por sectores que buscan deslegitimar al actual gobierno mexicano y a la Cuarta Transformación, aún sin un solo juicio abierto o sentencia firme.
En el actual contexto político y mediático, donde el escándalo se sobrepone al análisis y la sospecha reemplaza a la verdad, los señalamientos sin sustento son terreno fértil para la manipulación.
Los grupos conservadores en México no necesitan confirmaciones; les basta la insinuación para asociar, vincular, calumniar, construir narrativas de corrupción e impunidad que muchas veces se sostienen sólo en la repetición, no en los hechos.
Por eso resulta preocupante la falta de precisión en las acusaciones de Washington. Si existe información verificable, ¿por qué no se presentó de inmediato? ¿Por qué se deja que la opinión pública y ciertos actores políticos hagan de una sospecha, una condena anticipada? ¿Acaso se pretende influir en la percepción de México a nivel internacional sin asumir la responsabilidad de una acusación formal sustentada jurídicamente?
Además, si el Tesoro estadounidense considera que hay razones para incluir a estas instituciones en su lista negra, lo mínimo que se esperaría es que delimite claramente el alcance de la acusación.
¿A quiénes dentro de los bancos se les señala? ¿Cuáles fueron los movimientos concretos? ¿Cuáles las pruebas? Sin esa claridad, el mensaje que se manda es difuso, y eso no solo perjudica la imagen de las instituciones implicadas, sino que socava la relación bilateral.
México ha vivido durante décadas el peso de las narrativas impuestas desde Estados Unidos: unas veces como víctima del narcotráfico, otras como responsable del mismo. Esta vez, la prudencia y la verdad deben prevalecer. No se trata de encubrir delitos, sino de actuar con responsabilidad. Porque en una sociedad democrática y madura, acusar sin pruebas no es justicia: es linchamiento.
Si existen elementos que fundamenten los señalamientos, deben darse a conocer con celeridad y contundencia. De lo contrario, el Departamento del Tesoro estaría actuando de forma políticamente torpe y moralmente reprobable. Lo que está en juego no es sólo la reputación de unas cuantas entidades financieras, sino la credibilidad de quienes dicen defender la legalidad.
