La guerra comercial entre México y Estados Unidos ha sumado un nuevo capítulo. A partir de esta semana, los importadores estadounidenses que importen tomates frescos desde México deberán pagar un arancel del 17%, luego de que fracasaran las negociaciones para renovar el Acuerdo de Suspensión del Tomate, vigente desde 2019.
Esta decisión del Departamento de Comercio estadounidense marca un giro proteccionista que busca, según sus defensores, “revivir” la industria local del tomate, particularmente en estados como Florida, donde los productores aseguran estar en desventaja frente a sus pares mexicanos.
La medida no es menor. México abastece hoy cerca del 70% del tomate fresco que se consume en Estados Unidos, frente al 30% de hace dos décadas, según datos del Florida Tomato Exchange, una de las organizaciones que más ha presionado para aplicar aranceles.
De ahí que el impacto económico y comercial sea significativo: se estima que el precio al consumidor en EE.UU. aumentará un 8.5%, de acuerdo con Tim Richards, profesor de agronegocios en la Universidad Estatal de Arizona.
¿Qué hay detrás del conflicto?
El centro del desacuerdo es la vieja acusación de dumping, es decir, que México exporta tomates a precios artificialmente bajos, afectando a los productores locales.
Para evitar una guerra arancelaria, en 2019 ambos países firmaron un acuerdo que establecía precios mínimos y reglas específicas para las exportaciones mexicanas. Sin embargo, tras varias revisiones, el Departamento de Comercio estadounidense decidió retirarse del acuerdo, argumentando que había recibido “una enorme cantidad de comentarios” de productores nacionales pidiendo mayor protección.
Este arancel del 17% es independiente del nuevo arancel base del 30% que el presidente Donald Trump anunció recientemente para todos los productos fabricados en México y la Unión Europea, como parte de su renovada estrategia de presión comercial global.
El golpe al tomate mexicano, entonces, parece responder a una política más amplia de priorización del producto estadounidense, sin importar los costos económicos inmediatos.
¿Quién gana y quién pierde?
Aunque los productores de tomate en Florida celebran la medida como una victoria, otros sectores dentro del mismo Estados Unidos advierten sobre los riesgos. Empresas agrícolas estadounidenses con operaciones en México, así como distribuidores, supermercados y restaurantes, han manifestado su preocupación.
En una carta enviada la semana pasada al Secretario de Comercio, la Cámara de Comercio de EE.UU. y más de 30 organizaciones empresariales señalaron que este arancel pone en riesgo 50,000 empleos y más de 8 mil millones de dólares en beneficios económicos generados por el comercio binacional del tomate.
Además, advierten sobre posibles represalias comerciales de México, que podrían afectar otros productos agrícolas y manufactureros. En un contexto global marcado por la inflación y la inestabilidad geopolítica, medidas como esta generan incertidumbre en las cadenas de suministro y desincentivan la integración económica de América del Norte.
¿Qué hará México?
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha anunciado medidas de represalia, pero la Secretaría de Economía ya analiza el impacto del arancel y evalúa los siguientes pasos.
Es posible que este nuevo choque comercial sea llevado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), como ya ha ocurrido en casos similares. El argumento de dumping, en el pasado, ha sido cuestionado por carecer de fundamentos sólidos y por ignorar los beneficios reales que los productos mexicanos aportan a los consumidores estadounidenses.
Lo cierto es que este arancel no sólo representa un obstáculo para los productores mexicanos, sino también una barrera más al proceso de integración regional que se pretendía fortalecer con el T-MEC.
En lugar de proteger la economía estadounidense, podría terminar encareciendo productos esenciales y provocando fricciones innecesarias con su principal socio comercial.
