El martes 17 de septiembre de 2025 medios como Reforma y El Universal abrieron sus portadas con una noticia que rápidamente se replicó en decenas de espacios informativos: los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador habrían promovido amparos para protegerse de posibles órdenes de aprehensión. El mensaje parecía claro: si se amparan, es porque algo temen.
Pero la realidad es otra. Horas más tarde, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán desmintieron haber solicitado dichos amparos.
A través de un comunicado en redes sociales, denunciaron una operación orquestada para vincularlos con casos y personajes con los que nada tienen que ver.
La expresión usada por Andrés fue contundente: “Sabemos que no se trata de un sólo trámite, sino de muchos realizados en varios juzgados. Esta es una operación malintencionada planeada y orquestada desde varios frentes”.
Los llamados “amparos buscadores”
Lo que salió a la luz fue una maniobra conocida en el ámbito jurídico como “amparos buscadores”. Se trata de recursos legales que cualquier persona puede presentar —incluso sin ser abogado y sin necesidad de contar con la firma de quienes aparecen como beneficiarios—, con el fin de obtener suspensiones provisionales contra hipotéticas violaciones a derechos humanos.
En su origen, este tipo de amparos fue diseñado con fines nobles: permitir una reacción inmediata cuando alguien corre riesgo de desaparición forzada, tortura o privación ilegal de la libertad. Sin embargo, su flexibilidad abre la puerta a usos perversos: cualquiera puede promoverlos en nombre de otra persona y generar un escándalo mediático.
Eso fue exactamente lo que sucedió: los amparos aparecieron tramitados en Zacatecas, Ciudad de México y Tabasco, vinculando a los hijos de López Obrador con procesos judiciales de los que nunca fueron parte.
Identidades suplantadas y denuncias
El abogado Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald, cuyo nombre figuraba como tramitante en uno de los expedientes, declaró públicamente que nunca solicitó amparos a favor de los López Beltrán.
Anunció que interpondrá denuncias por suplantación de identidad y falsificación de documentos. El caso exhibe un problema mayor: la facilidad con la que un recurso pensado para proteger vidas puede ser convertido en arma política.
La operación mediática
Más grave aún que el uso fraudulento de los amparos fue la manera en que la noticia se difundió. Sin verificar la autenticidad de los solicitantes, medios de alto impacto publicaron titulares que colocaban a los hijos del expresidente bajo sospecha.
Posteriormente, aunque llegaron los desmentidos, el daño ya estaba hecho: la opinión pública había recibido el mensaje inicial de que algo ocultaban.
Se trata de un patrón reiterado en la llamada guerra sucia contra el movimiento de la Cuarta Transformación: primero se lanza una acusación mediática, después se siembra la duda, y al final se corrige en letra pequeña o con declaraciones secundarias.
El fondo político
El episodio de los amparos falsos no puede entenderse de manera aislada. Forma parte de una estrategia de desgaste contra quienes representan la continuidad del proyecto político iniciado en 2018. Al recurrir a trampas legales y a la manipulación informativa, se busca minar la credibilidad no solo de personas específicas, sino del movimiento en su conjunto.
Frente a ello, surgen preguntas de fondo: ¿qué papel debe jugar el Poder Judicial al investigar estas suplantaciones? ¿qué responsabilidad tienen los medios al publicar sin verificar? y, sobre todo, ¿qué mecanismos puede construir la sociedad para proteger la democracia frente a campañas de desinformación?
En este caso, lo cierto es que los hijos de López Obrador no solicitaron ampararse. La verdadera noticia no es su supuesta defensa legal, sino la guerra sucia que intenta, una vez más, construir culpabilidades a partir de mentiras.
