Los Ángeles, California. En medio de una creciente ola de protestas por las redadas migratorias y en un contexto de fuerte tensión política, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de otros 2 mil elementos de la Guardia Nacional y 700 marines en la ciudad de Los Ángeles, sumando un total de 4,700 efectivos desplegados en las calles. Esta acción, calificada por críticos como una estrategia de distracción frente a las dificultades económicas del gobierno federal, ha sido duramente cuestionada por las autoridades estatales.
La respuesta militar se da en el cuarto día consecutivo de manifestaciones, tras la detención de 45 personas, en su mayoría migrantes mexicanos, durante redadas federales. Las protestas, que comenzaron el viernes pasado, han sido respondidas con una presencia creciente de tropas, gases lacrimógenos y arrestos. Hasta ahora se reportan 74 personas detenidas, según autoridades locales.
Cortina de humo y caos inducido
La movilización masiva del ejército y la Guardia Nacional ocurre en un momento especialmente delicado para la Casa Blanca. Fuentes cercanas a la administración de California han sugerido que la medida busca desviar la atención de las consecuencias de la política arancelaria de Trump, particularmente su guerra comercial con China, que ha golpeado duramente la economía estadounidense.
Además, crecen las sospechas de que agentes infiltrados entre los manifestantes podrían estar actuando para escalar la violencia, generando un clima de caos que justifique la militarización. Estas tácticas no han pasado desapercibidas para el gobernador Gavin Newsom, quien acusó directamente al presidente de “intentar provocar una crisis”.
Imposición federal sin consentimiento estatal
Lo más grave, según expertos constitucionales, es que el presidente ordenó este despliegue sin el consentimiento del gobierno estatal, lo que legalmente pone en entredicho su actuación. La ley federal Título 10, invocada por la Casa Blanca, ha sido usada de forma controversial, ya que normalmente requiere coordinación con las autoridades estatales para evitar un choque de competencias.
Tanto el gobernador Newsom como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han condenado la medida, calificándola de “innecesaria” y “provocadora”. A pesar de ello, Trump desestimó las críticas y declaró: “Los muy incompetentes, el gobernador y la alcaldesa deberían estar diciendo: ‘Gracias, presidente Trump’ (…) En vez de eso, eligen mentirle al pueblo de California”.
Detenciones, represión y creciente indignación
Durante las protestas, las escenas de confrontación se han multiplicado: patrullas apedreadas, enfrentamientos con simpatizantes de Trump, detenciones masivas y denuncias de uso excesivo de la fuerza. En redes sociales, el clamor ciudadano cuestiona la narrativa oficial que califica a los manifestantes como “agitadores profesionales”.
Uno de los casos más sonados fue la detención de David Huerta, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, quien fue liberado tras pagar una fianza de 50 mil dólares. Enfrenta cargos de conspiración para obstruir a las fuerzas de seguridad, lo que para algunos refleja un intento de criminalizar el liderazgo sindical.
¿Insurrección o estrategia política?
A pesar del creciente clima de militarización, Trump evitó responder si planea invocar formalmente la ley de insurrección, lo que permitiría el uso del ejército como fuerza policial en el interior del país. Mientras tanto, continúa con su retórica polarizadora, insistiendo en que “Los Ángeles habría quedado devastada” sin su intervención.
La pregunta de fondo persiste: ¿se trata de una respuesta legítima a la violencia o de una estrategia política para polarizar, desviar la atención y reforzar una imagen de autoridad en declive?
La comunidad sigue en pie
Pese al despliegue, miles de personas continúan en las calles de Los Ángeles, exigiendo respeto a los derechos humanos y el fin de las redadas migratorias. Las consignas en contra de la militarización y en defensa de los migrantes crecen en volumen e intensidad.
Mientras tanto, los ojos del país —y del mundo— observan con preocupación el rumbo que toma esta crisis. Para muchos, no se trata sólo de migración o seguridad: se trata de democracia, legalidad y del límite que debe tener el poder presidencial en un Estado de Derecho.
