La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha colocado al país en una de las jornadas más tensas de los últimos años en materia de seguridad.
El jefe criminal fue abatido durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, cuyo objetivo inicial era su captura. Gravemente herido en el enfrentamiento, murió mientras era trasladado bajo custodia federal. La caída de quien era considerado uno de los hombres más buscados del continente representa un golpe directo al mando central de una de las organizaciones criminales más poderosas de México.
Sin embargo, lejos de traducirse en calma inmediata, el impacto se ha manifestado en sentido contrario. La reacción de células criminales fue prácticamente instantánea. Bloqueos carreteros con vehículos incendiados, quema de transporte, ataques a comercios, uso de artefactos para impedir el tránsito como ponchallantas y disturbios urbanos comenzaron a registrarse en distintos puntos del occidente del país y se extendieron de manera regional hacia corredores del Bajío.
La violencia no se dirigió únicamente contra fuerzas de seguridad, sino también contra infraestructura civil y actividad económica cotidiana, enviando un mensaje claro de capacidad operativa y de control territorial.
El efecto social ha sido visible en cuestión de horas. Suspensión de clases, cierre de comercios, cancelación de eventos, interrupciones en transporte público y afectaciones en aeropuertos forman parte de las medidas preventivas adoptadas para reducir riesgos a la población. No se trata solo de evitar enfrentamientos directos, sino de disminuir la movilidad civil en escenarios donde la reacción criminal suele ser impredecible.
El operativo en el que murió el líder del CJNG no fue una acción aislada contra un solo objetivo. Reportes coincidentes indican que varios integrantes de su círculo de seguridad fueron abatidos, otros detenidos y se aseguraron armas de alto poder.
Se trató de un golpe contra la célula inmediata de protección del mando, lo que aumenta la probabilidad de desorganización interna, pero también de reacciones violentas para demostrar continuidad.
En este punto surge la pregunta que buena parte de la sociedad se formula: ¿por qué se da una captura de esta magnitud en este momento? La respuesta suele estar en la oportunidad operativa. Capturas de alto valor dependen de inteligencia acumulada durante meses o años, confirmación de ubicación, condiciones logísticas favorables y coordinación interinstitucional. Son ventanas tácticas que no siempre se repiten, y cuando se abren, las fuerzas de seguridad actúan.
La caída de un líder de este nivel implica la ruptura de la cadena de mando, la interrupción de decisiones estratégicas y la necesidad de reorganización interna. Pero esos efectos no producen pacificación inmediata; por el contrario, generan inestabilidad. La violencia que estalla tras estos golpes no es espontánea ni desordenada: cumple funciones específicas.
La violencia desatada busca demostrar que la organización sigue operativa, disuadir ofensivas posteriores del Estado y mantener control psicológico sobre el territorio. Por eso los ataques se dirigen contra carreteras, transporte y comercio, no solo contra fuerzas armadas. El mensaje que se transmite con la violencia social está dirigido a la sociedad tanto como al gobierno.
Otro cuestionamiento recurrente emerge en medio de estos episodios: si se captura o abate al líder, ¿por qué no se liberan definitivamente los territorios bajo influencia criminal? La respuesta revela la profundidad del problema. El control del crimen organizado no es únicamente armado; es institucional, económico y social. Implica policías infiltradas, economías ilegales arraigadas, autoridades locales cooptadas y comunidades que viven bajo esquemas de dependencia o miedo.
El Ejército puede intervenir y contener, pero sin ministerios públicos sólidos, jueces eficaces, policías locales depuradas y alternativas económicas legales, el crimen regresa cuando la presencia militar disminuye. Liberar territorios no es solo ocuparlos, sino reconstruir el Estado dentro de ellos.
De ahí surge otra inquietud: ¿por qué no aprovechar el momento para realizar más capturas y asestar un golpe definitivo? La respuesta es que tras la caída de un líder, los mandos restantes se dispersan, cambian comunicaciones y se refugian.
Sí las fuerzas del orden intentan ir más allá de la captura del líder y su círculo cercano, el factor sorpresa desaparece. Intentar detenciones masivas sin inteligencia precisa eleva riesgos para civiles y fuerzas de seguridad, y reduce probabilidades de éxito.
A esto se suma un elemento que pesa en la percepción social: la debilidad estructural del sistema judicial. Parte del escepticismo ciudadano proviene de experiencias donde grandes detenciones terminan diluyéndose por fallas procesales, integración deficiente de expedientes o supuestas violaciones al debido proceso que derivan en liberaciones de los delincuentes. Sin judicialización sólida, los golpes operativos pierden profundidad estratégica.
La muerte de “El Mencho” constituye, sin duda, uno de los impactos más fuertes contra el liderazgo criminal en la última década. Pero su efecto inmediato no se mide en tranquilidad, sino en capacidad de reacción violenta. Lo que hoy vive el occidente y Bajío —bloqueos, incendios, cierres, suspensión de actividades— corresponde a la fase de choque que sigue a la caída de un mando de alto valor.
Las próximas horas y días permitirán dimensionar si la organización entra en una sucesión ordenada, en una fragmentación violenta o en un debilitamiento progresivo. Por ahora, más que el cierre de una etapa, el país presencia el inicio de un reacomodo cuyo desenlace aún está por definirse.
