El ataque que sacudió a Uruapan no sólo dejó un vacío político, sino que abrió una disputa de narrativas entre un gobierno que no ha sabido defenderse y una oposición que ve en la tragedia su mejor oportunidad.
El asesinato y la vulnerabilidad del Estado local
El 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán, el presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue asesinado a plena vista de su pueblo.
El crimen ocurrió a escasos metros del alcalde, en medio del gentío que lo rodeaba. Un joven de 17 años abrió fuego a corta distancia, mientras dos cómplices lo acompañaban. El atacante fue abatido en el sitio por la escolta personal del alcalde; los otros dos fueron detenidos.
El hecho estremeció a Michoacán y colocó en la mira nacional la pregunta de siempre: ¿cómo es posible que un funcionario con protección federal caiga víctima de un ataque tan directo?
Las autoridades confirmaron que la Guardia Nacional tenía asignada la seguridad periférica del evento, por lo que su tarea consistía en prevenir ataques de largo alcance o la irrupción de comandos armados.
Sin embargo, la seguridad de proximidad, es decir, la que debía detectar y neutralizar amenazas inmediatas, estaba bajo responsabilidad de la guardia personal del propio Manzo, integrada por personal de confianza designado por él mismo.
Desde la lógica táctica, la falla no fue de la Guardia Nacional, sino del anillo interno de protección, que no logró identificar al agresor entre la multitud. El ataque se ejecutó con rapidez, en un entorno donde el contacto directo con el público —una decisión personal del alcalde— multiplicó los riesgos.
En un país donde los funcionarios deben equilibrar entre la cercanía con la gente y el peligro de los grupos delictivos, Carlos Manzo apostó por la cercanía. Y perdió la vida por ello.
Una nueva línea de investigación: ¿uso excesivo de la fuerza?
A más de una semana del crimen, una nueva vertiente de investigación ha sido abierta. En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que la Fiscalía General del Estado investiga al equipo de escoltas de Manzo por disparar contra el agresor cuando ya se encontraba neutralizado.
La declaración introduce una arista inédita y delicada: la posibilidad de que el atacante haya sido abatido después de haber sido reducido, lo que abriría la hipótesis de un uso excesivo de la fuerza o incluso de una ejecución sumaria.
Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si los escoltas se encuentran detenidos, prófugos o en libertad bajo investigación. El gobernador se limitó a señalar que “la Fiscalía sigue varias líneas para esclarecer los hechos”.
En términos periodísticos, lo que se sabe es que el agresor fue abatido cuando ya no representaba peligro inminente, aunque aún no existen conclusiones judiciales que determinen si ello constituyó o no una ejecución.
De comprobarse, esta nueva dimensión alteraría significativamente el marco de responsabilidades y volvería aún más complejo el panorama político y moral del caso.
Un vacío que se convierte en escenario político
Lo que siguió al asesinato fue una ola de indignación popular en Uruapan. Miles de ciudadanos exigieron justicia, mientras el caso escalaba a la agenda nacional. Pero casi de inmediato, el crimen se transformó también en instrumento político.
La oposición —que durante años ha carecido de un discurso sólido y de figuras carismáticas— encontró en el asesinato de Manzo una oportunidad inesperada para reposicionarse. Su narrativa es simple y contundente: si un alcalde con protección federal no puede ser protegido, el gobierno ha fracasado.
Así, el crimen dejó de ser sólo un tema de justicia y se volvió un símbolo de la supuesta ineficacia del gobierno morenista en todos los niveles: municipal, estatal y federal. Voceros opositores, analistas y columnistas han tejido alrededor del caso una historia de incompetencia, abandono y vulnerabilidad, capitalizando la indignación social.
La respuesta de un gobierno desconcertado
Mientras tanto, el gobierno federal y Morena han mostrado una reacción desarticulada y tardía. Más allá de los mensajes protocolarios de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, no hubo una estrategia narrativa clara ni una defensa firme de la figura del alcalde.
Carlos Manzo había sido diputado por Morena, y durante años se identificó con los ideales de la Cuarta Transformación. Sin embargo, al no ser postulado como candidato oficial a la presidencia municipal de Uruapan —pese a su alta popularidad— decidió contender como candidato independiente, sin abandonar sus convicciones de izquierda.
Desde entonces, mantuvo una postura crítica hacia la derecha tradicional, pero también hacia, lo que él consideraba, la tibieza de Morena frente al crimen organizado y la corrupción local.
Esa independencia política lo convirtió en una figura incómoda para todos los partidos: respetado por muchos ciudadanos, pero sin un aparato partidista que lo respaldara plenamente.
El resultado es una imagen de debilidad comunicacional y desconexión emocional.
Morena, en lugar de apropiarse del significado político de su muerte, parece haberlo entregado a la oposición, que hoy dicta el tono del relato.
La guerra por el relato
A partir de aquí, lo que está en curso no es sólo una investigación judicial, sino una batalla simbólica por el significado del crimen.
- La oposición busca consolidar la idea de que el asesinato de Manzo es la prueba del fracaso de la estrategia nacional de seguridad.
- El gobierno y el partido oficial intentan reducirlo a un caso más del crimen organizado, para evitar que se lea como un síntoma del Estado vulnerable.
- Los medios y la opinión pública se dividen entre la conmoción, el escepticismo y el uso político del dolor.
La disputa no es sólo sobre quién mató al alcalde, sino sobre quién puede convertir su muerte en un argumento político eficaz. Y en esa guerra, la oposición ha demostrado más agilidad que el partido en el poder.
Uruapan, ¿espejo de un país?
El asesinato de Carlos Manzo refleja el dilema central de la política mexicana: un país donde los líderes locales se enfrentan al crimen con recursos limitados y donde la violencia termina convirtiéndose en moneda política.
Lo ocurrido en Uruapan es más que una tragedia personal: es un espejo del desorden institucional y de la fragilidad de la narrativa gubernamental.
Mientras las autoridades investigan si los detenidos pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación, el país observa cómo la verdad judicial avanza más lento que la verdad mediática, y cómo la justicia se diluye en el ruido de los discursos.
“La pregunta ya no es sólo quién mató a Carlos Manzo, sino quién logrará imponer el sentido de su muerte. Porque en el México actual, la verdad también se disputa, y la justicia no siempre la dicta un juez, sino quien logra dominar la narrativa”.
Nota editorial (Actualización al 12 de noviembre de 2025)
Este artículo ha sido actualizado para incorporar las recientes declaraciones del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien informó que la Fiscalía estatal investiga al equipo de escoltas del presidente municipal Carlos Manzo por posible uso excesivo de la fuerza. La información disponible hasta el momento no permite establecer conclusiones definitivas sobre los hechos, y la investigación judicial continúa en curso.
En Tejido Social consideramos indispensable aclarar que el presente análisis se desarrolla sobre datos confirmados hasta esta fecha. La naturaleza del caso, aún en investigación, implica que nueva información o resoluciones judiciales puedan surgir en las próximas semanas y modificar las interpretaciones actuales. Nuestro compromiso editorial es mantener una cobertura basada en hechos verificables, con apertura a las actualizaciones que la verdad y la justicia demanden.
