La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este miércoles la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El dictamen fue respaldado por unanimidad en lo general —469 votos a favor— y ahora deberá ser avalado por al menos 17 congresos estatales para su promulgación.
En lo particular, 58 legisladores de oposición votaron en contra al no prosperar sus reservas, centradas principalmente en dos puntos: establecer que las 40 horas deban distribuirse obligatoriamente en cinco días laborales con dos de descanso, y acortar la gradualidad del cambio, prevista para implementarse progresivamente hasta 2030.
La reforma modifica el Artículo 123 constitucional y establece que las horas extra comenzarán a contabilizarse a partir de la hora 41, y no desde la 49 como ocurre actualmente.
Por su parte Morena y sus aliados defendieron la gradualidad bajo el argumento de que en la medida en que la reforma sea viable mayores son las posibilidades de sostenerse en la práctica, es decir “viabilidad es sostenibilidad”, mientras que la oposición calificó el esquema como insuficiente o incluso como simulación.
Un avance que no puede minimizarse
Reducir la jornada laboral en México no es una decisión menor. El país ha mantenido históricamente una de las semanas laborales más largas de la OCDE, con efectos visibles en desgaste físico, fragmentación familiar y productividad desigual.
En ese sentido, la reforma representa un paso relevante en la modernización del régimen laboral mexicano. Reconoce algo elemental que se venía postergado: el tiempo laborado es un importante componente de dignidad personal y convivencia familiar.
En las grandes ciudades —donde los traslados diarios pueden consumir dos o más horas— la reducción puede significar no sólo descanso, sino recuperación de vida cotidiana. Para muchas familias, dos horas menos de trabajo formal pueden traducirse en presencia real en casa. Negar ese avance sería injusto.
La oposición y la coherencia histórica
La discusión en tribuna tuvo un tono previsible. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano defendieron la idea de que las 40 horas debían concentrarse en cinco días, argumentando que distribuir la reducción en seis jornadas podría diluir el beneficio real.
El razonamiento tiene peso lógico. Si la disminución se reparte en seis días, el trabajador podría apenas percibir el cambio en su rutina diaria.
Sin embargo, también es inevitable recordar que los mismos partidos que hoy se muestran preocupados por la profundidad del beneficio no han sido históricamente impulsores de ampliar beneficios a los trabajadores y nunca se les vio defender los derechos laborales. La coherencia en materia de derechos sociales no puede medirse únicamente desde la tribuna de la oposición.
Eso no invalida por completo su argumento técnico, pero sí obliga a contextualizarlo políticamente. Saben que sus demandas no pasarán, por lo tanto no tienen el peso de la responsabilidad de tomar una decisión legislativa. Bajo esa premisa, un partido minoritario demanda mayores derechos laborales desde la tribuna del poder legislativo sabiendo que no son viables económicamente.
Gradualidad: ¿prudencia o dilación?
La implementación será progresiva durante cinco años. El oficialismo sostiene que reducir dos horas por año permite ajustes organizativos, contratación progresiva y adaptación productiva sin sobresaltos.
Aquí no hay una respuesta ideológica simple. Las grandes reformas laborales fracasan cuando ignoran la estructura económica real del país. Y México no es una economía homogénea: conviven grandes corporativos con pequeñas empresas que operan con márgenes muy estrechos.
La gradualidad puede leerse como prudencia. Pero también implicará que el beneficio pleno se difiera hasta 2030. El equilibrio entre justicia social y viabilidad económica será la verdadera prueba de la reforma.
El punto más delicado: las pequeñas empresas
Si bien el impacto mediático suele centrarse en grandes empleadores, el efecto más complejo recaerá sobre pequeñas y medianas empresas.
Para muchos negocios familiares, cada hora laboral forma parte de una ecuación frágil: nómina, cuotas obrero-patronales, impuestos locales y márgenes ajustados por inflación y competencia informal.
Reducir horas sin aumentar productividad puede presionar costos.
Sin embargo, la adaptación no es imposible. Existen rutas razonables que pueden mitigar el impacto:
- Reorganización de turnos y procesos para eliminar tiempos muertos.
- Digitalización básica de tareas administrativas.
- Medición real de productividad por hora y no por permanencia.
- Revisión de esquemas mixtos de trabajo en sectores donde sea viable.
- Capacitación enfocada en eficiencia operativa.
Una reforma que obliga a madurar el debate
La reducción de la jornada es parte de una transformación más amplia del modelo laboral mexicano que comenzó con la regulación del outsourcing y el aumento progresivo del salario mínimo. El reto ahora será la implementación.
Si la reducción se traduce en mejor calidad de vida sin debilitar el tejido productivo, estaremos ante un cambio estructural. Si se convierte en letra constitucional con efectos marginales en la práctica cotidiana, la percepción pública será distinta.
Por ahora, lo cierto es que el Congreso dio un paso que durante años parecía políticamente inviable.
El tiempo —y la capacidad de adaptación del país— dirán si esta reforma se convierte en un parteaguas real.
