La acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra María Amparo Casar no es un hecho nuevo en términos sustantivos. Lo nuevo es el momento político e institucional en el que ocurre. Y es ahí donde se concentra la discusión de fondo.
La FGR judicializó una carpeta de investigación contra la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con la obtención de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, en octubre de 2004.
Los hechos que hoy se ventilan ocurrieron hace más de dos décadas. Márquez Padilla ingresó a Pemex el 1 de junio de 2004 como coordinador ejecutivo en un puesto directivo durante el sexenio de Vicente Fox, y falleció apenas 129 días después, tras caer de un edificio de la paraestatal. Los peritajes determinaron que se trató de un suicidio, sin embargo en las actas judiciales el hecho apareció como un “accidente”. Días después, se solicitó y autorizó una pensión posmortem a favor de los beneficiarios, con efectos inmediatos.
De acuerdo con información presentada por Pemex en 2024, la pensión ascendía a alrededor de 125 mil pesos mensuales, acumulando un monto aproximado de 31 millones de pesos a lo largo de los años. La FGR sostiene que el beneficio fue obtenido de manera indebida y que existen elementos para imputar responsabilidades penales, no solo a servidores públicos, sino también a particulares que promovieron u obtuvieron dichas prestaciones.
Una acusación que no avanzó cuando pudo hacerlo
Aquí surge la primera pregunta incómoda: ¿por qué este caso no avanzó antes?
Durante años, la FGR estuvo encabezada por Alejandro Gertz Manero, un fiscal que no se distinguió precisamente por la agilidad procesal ni por emprender investigaciones de alto impacto contra figuras vinculadas a la derecha política, empresarial o mediática. Paralelamente, el Poder Judicial operó bajo una Suprema Corte presidida por Norma Piña, cuya confrontación abierta con la Cuarta Transformación se tradujo en decisiones judiciales que, en múltiples ocasiones, bloquearon o dilataron reformas impulsadas por el Ejecutivo, especialmente mediante la concesión de amparos.
En ese contexto, no es menor el hecho de que la pensión de Casar se mantuviera vigente durante años, ni que su suspensión en febrero de 2024 fuera rápidamente revertida por un amparo concedido por un juzgado federal en materia laboral.
El nuevo escenario: justicia o revancha
Hoy el escenario es distinto. El Poder Judicial se encuentra en un proceso de reconfiguración, con una nueva Corte que llega bajo la promesa de independencia, imparcialidad y ruptura con prácticas del pasado. Y es aquí donde aparece el dilema central:
- Si la nueva Corte y los jueces confirman la imputación y avanzan contra Casar, el discurso público puede girar hacia la acusación de venganza política.
- Si no lo hacen, se reforzará la percepción de que el cambio judicial fue meramente cosmético y que las redes de protección siguen intactas.
Este dilema no es exclusivo del caso Casar. Es el mismo que enfrentará el nuevo Poder Judicial en cada expediente que involucre a figuras con peso mediático, respaldo intelectual o capital simbólico acumulado durante décadas.
Más allá del personaje
El fondo del asunto no debería reducirse a simpatías o antipatías políticas. El punto clave es otro: ¿fue legal o no el otorgamiento de esa pensión? ¿Hubo abuso de atribuciones? ¿Se violentaron normas internas de Pemex? ¿Se promovió indebidamente un beneficio económico?
El delito que se investiga —uso ilícito de atribuciones y facultades— no es exclusivo de servidores públicos. La ley contempla la responsabilidad de cualquier persona que solicite, promueva u obtenga indebidamente autorizaciones de contenido económico. Y no se trata de un delito grave, lo que garantiza el debido proceso y la presunción de inocencia mientras se desahoga el caso.
Una prueba para el Estado de derecho
La Fiscalía ha citado a la acusada para el 16 de diciembre, pero esta audiencia no resolverá por sí sola el debate nacional. Sin embargo sí marcará una línea: si la justicia en México será capaz de revisar casos incómodos con criterios jurídicos y no políticos, o si seguirá atrapada entre la sospecha de revancha y la inercia de la impunidad selectiva.
En una democracia funcional, ni la militancia opositora ni el prestigio académico deberían blindar a nadie de la ley. Tampoco el cambio de régimen debería convertirse en excusa para ajustar cuentas.
El caso Casar no es solo un expediente penal. Es una prueba de fuego para un Poder Judicial que dice haber cambiado, y para una sociedad que exige justicia sin excepciones, pero también sin linchamientos.
Nota de la Redacción (Actualización informativa)
Tras la publicación de este análisis, diversos medios nacionales, entre ellos El Universal, informaron sobre expresiones de apoyo y solidaridad hacia María Amparo Casar por parte de analistas y organizaciones civiles, a raíz de la judicialización de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de la República.
Entre quienes manifestaron públicamente su respaldo se encuentran el Frente Cívico Nacional (FCN), el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, así como analistas y académicos con presencia constante en medios de comunicación. En dichos pronunciamientos, la acusación de la FGR fue calificada como un acto de “persecución” o “venganza política” por parte del actual gobierno.
Es importante precisar que estas organizaciones y voces no representan a la totalidad de la sociedad civil, sino a un sector específico con una identidad política definida, abiertamente opositora a la Cuarta Transformación y vinculada, en muchos casos, a la defensa del modelo institucional previo a 2018. Su respaldo a Casar se inscribe, por tanto, en una lectura política del caso, no en una resolución judicial ni en una determinación de fondo sobre la legalidad o ilegalidad de los hechos investigados.
Asimismo, conviene subrayar que la existencia de pronunciamientos públicos de apoyo no equivale a una exoneración jurídica ni sustituye el debido proceso. La imputación formulada por la FGR deberá ser valorada por la autoridad judicial competente, con base en pruebas y argumentos legales, y no por adhesiones o condenas mediáticas anticipadas.
Como se plantea en este artículo, el caso representa una prueba relevante para el Poder Judicial en su nueva etapa: resolver con criterios jurídicos, sin caer ni en la lógica de la revancha política ni en la inercia de la impunidad selectiva. El debate público es legítimo; la sentencia, en una democracia, corresponde exclusivamente a los tribunales.
