El senador de Morena, Saúl Monreal, reafirmó públicamente su aspiración de contender por la gubernatura de Zacatecas en 2027. En distintas declaraciones, el legislador ha sostenido que, de existir respaldo ciudadano, participaría en el proceso interno de su partido bajo el argumento de que “si el pueblo lo pide, iré.”
La declaración se produce en un contexto políticamente sensible. Dentro de sus lineamientos internos y definiciones políticas recientes, Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) ha impulsado criterios para evitar candidaturas que puedan interpretarse como continuidad familiar directa en cargos ejecutivos, particularmente gubernaturas.
El objetivo de estas disposiciones —conocidas de forma general como reglas anti-nepotismo— es impedir que un familiar inmediato suceda a otro en el mismo cargo cuando este aún lo ejerce o lo ha ejercido de manera inmediata.
En el caso de Zacatecas, el gobierno estatal está encabezado actualmente por David Monreal, hermano del senador, lo que coloca la eventual candidatura bajo esa restricción política y ética promovida por el propio partido.
Este impedimento, además de administrativo, es un principio que Morena ha buscado posicionar como parte de su identidad pública: evitar la concentración del poder en núcleos familiares y alejarse de prácticas que históricamente se han asociado al cacicazgo regional.
Más allá de la norma escrita
La reflexión política en este momento no es si la regla anticorrupción se puede flexibilizar, como lo propone Saúl Monreal, pues la política mexicana está llena de precedentes donde los estatutos se interpretan según la coyuntura. El mismo Andrés Manuel López Obrador llegó a poner en duda que la ley es la ley, cuando el bienestar del pueblo y la justicia están primero.
Aquí la pregunta es qué principio conviene preservar cuando se trata de la transmisión del poder. Porque no es lo mismo poner la justicia y el bienestar del pueblo por encima de la ley, que poner las aspiraciones políticas al poder por encima de los estatutos.
La regla anti-cacicazgo de MORENA es más que una cláusula interna de partido, es una aspiración democrática construida durante décadas para evitar que los estados se conviertan en extensiones patrimoniales de familias o grupos.
La sabiduría del pueblo como punto de partida
Es cierto que el argumento de Saúl Monreal apela a una raíz profundamente democrática: la legitimidad popular. En el ideario político reciente, esa raíz fue reiteradamente reivindicada por Andrés Manuel López Obrador bajo una premisa que marcó época: El pueblo es sabio.
Pero esa convicción implica reconocer que la ciudadanía no es manipulable ni menor de edad políticamente. El pueblo sabe respaldar, pero también sabe evaluar gestos, trayectorias y congruencias.
La sabiduría popular no se expresa solo en elegir candidatos, sino también en el reconocimiento de límites necesarios para frenar el nepotismo.
El precedente de la autolimitación
Vale recordar que el propio López Obrador llegó al final de su mandato con niveles de aprobación elevados y con fuerza legislativa suficiente para intentar rutas de continuidad personal si así lo hubiera decidido. Pudo, porque tenía el respaldo, buscar una reelección a través de una reforma constitucional, pero no lo hizo.
López Obrador promovió la elección del candidato de MORENA a la presidencia, y luego respaldó la candidatura de Claudia Sheinbaum, enviando un mensaje político de gran calado: el proyecto es más importante que el líder. Ese gesto fue un acto de confianza en la madurez democrática del pueblo de México y demostró que la transformación política no debía depender de la perpetuación de una figura en el poder.
El dilema ético en Zacatecas
El debate sobre la aspiración de Saúl Monreal puede leerse como una pregunta sobre el uso de la legitimidad: ¿Debe capitalizarse todo respaldo ciudadano cuando existe el riesgo de lesionar principios como el anti-cacicazgo?
Porque una cosa es tener condiciones políticas para competir y otra decidir hacerlo cuando la contienda podría interpretarse como continuidad familiar en el poder estatal.
La autoridad moral de no utilizar el respaldo popular. La historia política suele reconocer con especial peso a los liderazgos que, aun teniendo viabilidad electoral, deciden no utilizarla cuando está en juego un principio mayor. No se trata de negar derechos ni de cancelar aspiraciones legítimas. Se trata de comprender que los proyectos transformadores también se sostienen en símbolos, y que pocos símbolos pesan tanto como la autolimitación del poder.
Renunciar a una ventaja posible para preservar una narrativa ética fortalece la confianza pública más que cualquier victoria electoral.
Confiar en la sabiduría del pueblo no obliga a convertir toda aclamación en candidatura.
A veces, la mayor muestra de respeto hacia esa misma sabiduría consiste en no servirse de ella cuando está en juego un principio mayor.
Porque la estatura ética del poder no se mide solo por su capacidad de ganar, sino también por su capacidad de saber retirarse a tiempo.
