Entre la justicia social y el deber comunitario
En días recientes, Excelsior documentó una realidad que atraviesa buena parte del país: cortes de agua por adeudos, cobros indebidos, sistemas colapsados y familias obligadas a sobrevivir sin un suministro básico.
La nota recoge casos en el norte del país, el Bajío y el sur de México —desde Reynosa y Hermosillo, pasando por León, hasta Oaxaca de Juárez—, pero también deja claro algo fundamental: no se trata de un problema exclusivo de esas regiones. Es una expresión de una crisis estructural que recorre el país entero.
La entrada en vigor de la nueva Ley General de Aguas, que prohíbe la suspensión total del suministro por falta de pago y obliga a garantizar un mínimo vital para consumo humano, abre una discusión que va más allá de la coyuntura legal. Nos coloca frente a una pregunta ética y social de fondo: ¿cómo garantizar el derecho humano al agua sin romper el tejido comunitario que la hace posible?
El agua no es un privilegio: es condición de vida
El primer punto es irrenunciable. El agua no puede tratarse como una mercancía cualquiera. Sin acceso al agua no hay salud, no hay higiene, no hay alimentación posible. Por eso la ley reconoce que su costo no debe poner en riesgo el ejercicio de otros derechos ni convertirse en una carga desproporcionada para los hogares.
Cortar totalmente el suministro a una familia por pobreza —no por abuso— no es un mecanismo administrativo, es una forma de castigo social. En contextos de calor extremo, enfermedad o infancia, esa decisión puede traducirse en daños irreversibles. Desde esta perspectiva, el mínimo vital garantizado no es una concesión del Estado: es una obligación moral y jurídica.
El otro lado de la verdad: el agua no llega sola
Pero la reflexión sería incompleta si se quedara ahí. El propio reportaje de Excélsior deja ver la otra cara del problema: los organismos operadores necesitan recursos para sostener la red que lleva el agua desde su fuente hasta los hogares. Electricidad, mantenimiento, reparación de fugas, potabilización y distribución tienen un costo real.
Cuando el sistema de pago colapsa, el servicio también lo hace. Y entonces ocurre una paradoja dolorosa: los más pobres terminan pagando más, comprando pipas a precios desregulados o almacenando agua de mala calidad. Oaxaca es un ejemplo extremo, pero no aislado: tandeos prolongados, redes obsoletas y mercados privados que lucran con la escasez.
Aquí aparece una verdad incómoda: la justicia social no puede sostenerse negando que todos somos responsables de hacer llegar el agua a los hogares.
Derecho humano no significa impunidad institucional
El reportaje también documenta prácticas preocupantes: cobros estimados sin medición real, medidores descompuestos que generan adeudos inflados, cortes ilegales y negativas a corregir errores. Eso claramente es abuso de poder.
Garantizar el derecho al agua no exime a las autoridades de hacer bien su trabajo. Al contrario, les exige más:
- medición transparente,
- tarifas proporcionales,
- mecanismos de conciliación accesibles,
- sanciones claras a cortes ilegales,
- y combate frontal a la corrupción y a las fugas.
Proteger a quien no puede pagar no implica tolerar la ineficiencia ni el atropello.
Entonces, ¿se debe cortar el agua a quien no la paga?
No. El agua no debe cortarse totalmente a ninguna persona, aun cuando no pueda pagarla. Y esta no es una postura ideológica ni sentimental: es una obligación ética y jurídica derivada de su carácter de derecho humano.
Negar completamente el agua:
- pone en riesgo la vida y la salud,
- castiga la pobreza, no la irresponsabilidad,
- y traslada el costo social de la desigualdad a los más vulnerables.
En ese sentido, la nueva Ley General de Aguas acierta: el impago no justifica dejar a una familia sin el mínimo vital para vivir.
Pero esta respuesta no está completa si no se dice lo siguiente con la misma claridad: Que no se corte el agua no significa que no deba pagarse.
El suministro de agua no se sostiene solo. Requiere energía, infraestructura, mantenimiento y trabajo humano. Cuando el no pago deja de ser excepción, el sistema colapsa y el daño recae —otra vez— en los más pobres, como muestran los casos documentados por Excélsior en distintas regiones del país.
Por eso, la respuesta correcta no es “cortar o no cortar”, sino esta:
- No se corta el agua para vivir.
- Sí se debe pagar el agua que excede el mínimo vital, según la capacidad económica.
- Sí se deben sancionar los abusos, el desperdicio y el consumo desproporcionado.
- Y sí se debe exigir a las autoridades medición justa, tarifas equitativas y cero corrupción.
Cortar el agua a quien no puede pagar es injusticia. No pagar nunca, aun pudiendo hacerlo, rompe el bien común. La ética social del agua exige sostener ambas verdades al mismo tiempo, sin trampas ni simplificaciones.
Una ética social del agua: vida, comunidad y cuidado
El debate que abre la nueva ley no es técnico; es profundamente humano. El agua es un bien común, y como tal exige una ética compartida. Eso implica sostener tres principios al mismo tiempo:
- Nadie puede quedarse sin agua para vivir.
- El sistema debe financiarse de manera justa y solidaria.
- El Estado y los operadores están obligados a administrar con honestidad y eficiencia.
Cuando uno de estos pilares falla, el resultado es siempre el mismo: desigualdad, conflicto y desconfianza social.
Más allá de la ley: una pregunta para todos
La nota de Excélsior pone nombres, cifras y territorios a un problema visible. Pero la reflexión que deja es más amplia y más urgente:
¿Estamos dispuestos a defender el derecho al agua sin abandonar la responsabilidad de sostenerla?
¿O seguiremos atrapados entre sistemas que castigan la pobreza y comunidades que, por desconfianza o hartazgo, dejan de creer en el Estado como proveedor del agua?
El agua no puede negarse a nadie. Pero tampoco puede sostenerse sin una comunidad que la cuide, la financie y la defienda como lo que es: vida compartida.
