Durante tres días, las imágenes de gasolineras cerradas, largas filas y transporte público paralizado en Chiapas han ocupado titulares de periódicos y noticieros de televisión. El enunciado es simple y comercial: vende más una noticia diciendo “No hay gasolina” que explicar las causas.
Detrás del efecto visible y dramático de “No hay gasolina por tercer día consecutivo en Chiapas” se oculta una causa mucho más compleja y menos impactante en medios de comunicación: La Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex en Puerto Chiapas está bloqueada por parte de jubilados y pensionados de la paraestatal que llevan meses sin recibir atención médica ni medicamentos en los hospitales privados que le asigna el contrato colectivo sindical.
La raíz del conflicto
Los manifestantes —425 derechohabientes y más de 180 familias— denuncian que el servicio médico fue suspendido desde hace entre siete meses y más de un año, debido a que Pemex dejó de pagar a las empresas privadas que lo prestaban. Antes de llegar al bloqueo, aseguran, entregaron oficios y solicitudes formales para reactivar la atención, pero no obtuvieron respuesta.
El problema se agravó por un conflicto paralelo: transportistas de pipas de combustible también protestan por pagos pendientes, reduciendo el reparto y acentuando el desabasto en la región.
Un sistema médico separado del resto del país
A diferencia de la mayoría de los trabajadores mexicanos, los empleados y jubilados de Pemex no están afiliados automáticamente al IMSS o al ISSSTE. Desde mediados de los años 60, la empresa estableció su propio sistema médico, con hospitales, clínicas y proveedores privados.
Qué los trabajadores de Pemex recibieran servicios médicos en clínicas y hospitales privados es un esquema incluido en el contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) desde 1960 en un contexto político donde este gremio tenía gran peso electoral y capacidad de presión sobre el gobierno federal.
El resultado: una burbuja de prestaciones superiores, ajena al sistema nacional de salud, financiada con recursos públicos pero administrada de manera independiente.
¿Privilegio o derecho?
Desde una perspectiva histórica, este esquema fue un privilegio derivado del corporativismo sindical, que fragmentó el sistema de salud y asignó beneficios desiguales según la fuerza política de cada gremio.
Desde una perspectiva laboral y jurídica, para quienes trabajaron décadas bajo estas condiciones, se trata de un derecho adquirido: formó parte de su salario diferido y no puede simplemente suprimirse sin un proceso de transición y homologación que respete esos compromisos.
La noticia que se cuenta y la que se oculta
El ciclo mediático prioriza el efecto visible: la escasez de gasolina, que todo ciudadano percibe y sufre de inmediato. Lo que no ocupa los mismos titulares es que el origen del problema está en un grupo vulnerable que reclama atención médica —un derecho fundamental— suspendida por fallas institucionales y adeudos.
Cuando el foco se queda en el efecto, el debate público gira en torno a la urgencia logística (“¿cuándo volverá la gasolina?”) y no a la urgencia moral y legal (“¿por qué se dejó sin atención médica a jubilados de una empresa pública?”).
Vestigio de un modelo sindical corporativista
En Tejido Social consideramos que el sistema médico exclusivo de Pemex es un vestigio de un modelo sindical corporativista que, en su momento, sirvió para asegurar lealtades políticas.
Reconocemos que, para los jubilados actuales, este es un derecho adquirido que debe cumplirse; sin embargo, es también un ejemplo claro de la desigualdad estructural en el acceso a la salud en México.
La verdadera reforma pendiente es homologar gradualmente los esquemas de atención médica de todas las instituciones públicas, para que ningún trabajador tenga más o menos acceso a la salud según la fuerza política de su sindicato.
Mientras llega la homologación, Pemex debe responder de inmediato a las demandas legales de sus jubilados y garantizar el cumplimiento de sus compromisos.
