El Instituto Nacional Electoral (INE) discute esta semana la imposición de sanciones contra más de un centenar de candidatas y candidatos que resultaron electos en el proceso de designación de cargos judiciales, por haber aparecido en guías de votación —también conocidas como “acordeones”— que sugerían a la ciudadanía votar por ellos.
La falta, según el INE, consiste en haber recibido una ventaja indebida frente a otras opciones, violando el principio de equidad. Sin embargo, el fondo del asunto es mucho más complejo de lo que parece.
La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿realmente se violó alguna regla?
La respuesta, aunque parezca incómoda, es que no existe una disposición legal expresa que prohíba la elaboración o difusión de listas de recomendación al votar en este tipo de procesos.
No hay un artículo, lineamiento o cláusula que diga: “Está prohibido que alguien sugiera por quién votar”. Las sanciones propuestas se basan no en una falta tipificada, sino en una interpretación del principio de equidad.
Y es aquí donde el debate se vuelve espinoso. Cuando no hay reglas claras, se abre la puerta a la discrecionalidad. Si la equidad se convierte en un criterio interpretativo —por definición subjetivo—, entonces el árbitro electoral resuelve no por aplicación estricta de la ley, sino por la lectura política y jurídica que hace de un contexto. Esto no es ilegal, pero sí cuestionable en términos de legitimidad democrática.
Más aún cuando las sanciones no se derivan de una evidencia irrefutable, sino que deben someterse a votación del Consejo General del INE. Si una conducta fuera evidentemente ilícita, no necesitaría mayoría colegiada para ser sancionada; bastaría con aplicar la norma. Que esto no ocurra evidencia que estamos ante un vacío legal cubierto con criterios interpretativos.
Pero el tema de fondo es otro: ¿debería estar prohibido recomendar a la ciudadanía por quién votar?
En una elección de tipo judicial, donde los nombres en las boletas son —para la gran mayoría— desconocidos, resulta irreal suponer que las y los ciudadanos decidirán su voto tras revisar expedientes técnicos o currículos judiciales.
Sin algún tipo de orientación —ya sea desde colectivos, medios, instituciones académicas o incluso partidos—, el riesgo es que el votante termine optando al azar, votando en blanco o simplemente absteniéndose.
Prohibir que existan guías de votación sería, en la práctica, limitar el derecho ciudadano a estar informado y a formar criterio. Iría contra la libertad de expresión y el debate público, pilares fundamentales de cualquier democracia.
Eso no significa, por supuesto, que todo se valga. No es lo mismo una recomendación ciudadana transparente que una campaña encubierta financiada con recursos opacos. Por ello, el problema no está en la existencia de guías, sino en la falta de reglas que regulen:
- Quién las financia.
- Quién las difunde.
- Con qué fines se elaboran.
- Si simulan participación ciudadana para esconder propaganda partidista.
En este proceso, el INE optó por sancionar a quienes se beneficiaron de esas listas, pero sin lograr acreditar participación partidista en su elaboración o financiamiento. Se castiga a los beneficiarios, aunque no se prueba quién o cómo se generó la supuesta ventaja. Y eso deja una sensación de arbitrariedad.
La lección es clara: no basta con defender principios, hay que establecer reglas claras. Un sistema democrático no puede sostenerse con decisiones que dependen de interpretaciones posteriores. Mucho menos cuando esas decisiones tienen consecuencias en la legitimidad de cargos tan relevantes como los del Poder Judicial.
Lo que se necesita, en adelante, es un marco normativo que equilibre dos bienes fundamentales:
- La equidad en la contienda, para que nadie tenga ventajas indebidas.
- La libertad de información y expresión, para que los electores voten con criterio y no a ciegas.
Porque si se castiga a quien aparece en una guía sin haber hecho trampa, pero se deja sin información al electorado para futuras elecciones, entonces lo que se sacrifica no es sólo la equidad, sino la calidad misma de la democracia.
