Este artículo analiza cómo, en su etapa fundacional y desarrollista, el priismo sostuvo una noción firme de soberanía y no intervención que funcionó como pilar del Estado posrevolucionario. Aunque autoritario y excluyente, el PRI de este periodo entendía la soberanía como un límite irrenunciable del poder. Comprender esta etapa es indispensable para entender cómo el concepto priista de soberanía se construyó antes de comenzar su lenta transformación.
El Partido Revolucionario Institucional antes del periodo neoliberal fue un régimen autoritario, corporativo, en el sentido de que agrupaba sindicatos y organizaciones más que ciudadanos individuales, y profundamente desigual; sin embargo, poseía una conciencia clara de Estado, expresada en un lenguaje político coherente que colocaba a la soberanía, la no intervención extranjera y el control nacional del poder como límites simbólicos infranqueables.
Ese lenguaje no garantizaba justicia, pero sí garantizaba gobernabilidad y continuidad histórica del régimen.
El PRI como constructor del Estado posrevolucionario
Para comprender al PRI preneoliberal no basta con describirlo como partido político. Durante buena parte del siglo XX fue, en los hechos, el arquitecto institucional del Estado mexicano.
Tras la Revolución, México enfrentaba un dilema central: o construir un Estado fuerte capaz de contener la violencia y articular intereses, o fragmentarse en caudillismos regionales y conflictos permanentes.
El PRI —en sus distintas denominaciones iniciales— resolvió ese dilema mediante tres instrumentos de cohesión social y de consolidación en el poder: la centralización del poder a nivel nacional, la incorporación corporativa al partido de obreros, campesinos y sectores populares, y la subordinación del pluralismo político a la estabilidad institucional.
Este modelo tuvo altos costos democráticos, pero produjo algo decisivo: un Estado que se pensaba a sí mismo como soberano.
Soberanía y no intervención: principios no negociables del discurso
Desde los años treinta hasta comienzos de los ochenta, el discurso oficial del régimen mantuvo una línea constante: México es un Estado soberano que no acepta tutelas externas.
Bajo gobiernos como el de Lázaro Cárdenas (1934–1940), esta idea se expresó con claridad ejemplar. La expropiación petrolera de 1938 no fue solo una decisión económica: fue un acto fundacional del nacionalismo de Estado, acompañado de una narrativa que vinculaba recursos naturales, dignidad nacional y autodeterminación.
Ese mismo marco discursivo sobrevivió, aunque con matices, en décadas posteriores, incluso cuando el régimen se volvió más conservador y represivo. Presidentes como Adolfo López Mateos o Gustavo Díaz Ordaz, jamás pusieron en duda públicamente que el control del territorio correspondía exclusivamente al Estado mexicano, que la seguridad nacional era asunto interno, y que la intervención extranjera era inadmisible como principio.
Lo crucial aquí es distinguir entre lenguaje y realidad. México cooperaba con potencias extranjeras, especialmente con Estados Unidos, pero nunca lo reconocía como subordinación, y jamás lo formulaba como incapacidad estatal para llevar el control del país.
El monopolio de la violencia: represión sin renuncia al control estatal
Uno de los rasgos más reveladores del PRI preneoliberal es que su autoritarismo nunca se expresó como impotencia. El ejemplo paradigmático es 1968. La represión del movimiento estudiantil fue una tragedia histórica y un crimen de Estado; sin embargo, desde el punto de vista del discurso político, el régimen no se presentó como desbordado, ni como incapaz de ejercer autoridad, ni mucho menos como necesitado de auxilio externo.
El mensaje implícito fue brutal pero claro: el Estado controla, decide y reprime por cuenta propia. Este dato es incómodo, pero esencial para el análisis. El PRI preneoliberal entendía que reconocer públicamente la pérdida del monopolio de la fuerza equivalía a cuestionar la existencia misma del Estado.
Por eso, incluso en sus momentos más oscuros, el régimen asumía la violencia como responsabilidad propia, no como falla estructural que justificara la intervención de terceros.
Nacionalismo económico y pedagogía del poder
Otro elemento clave fue el nacionalismo económico. Aunque con límites, el Estado mantuvo bajo control sectores estratégicos como la energía, la infraestructura, las comunicaciones y la banca al menos hasta finales de los setenta.
Este control no solo tenía una función material, sino simbólica y pedagógica: enseñaba a la sociedad que el Estado era el garante último del interés nacional.
El PRI no gobernaba solo con coerción; gobernaba también con narrativa. La escuela pública, los discursos oficiales, la diplomacia y los rituales cívicos reforzaban la idea de que México era autónomo, digno y capaz de decidir su propio destino.
Ese relato era incompleto y muchas veces hipócrita, pero existía, y era compartido incluso por amplios sectores críticos del régimen.
Balance crítico del periodo
Sería un error idealizar este momento histórico. El PRI preneoliberal reprimió movimientos sociales, descartó la competencia democrática real, reprodujo desigualdades profundas y sembró las bases de prácticas corruptas duraderas.
Pero sería igualmente un error ignorar que sí poseía una concepción sólida del Estado. Su autoritarismo estaba contenido dentro de un marco conceptual que reconocía la soberanía como límite, la no intervención como dogma y la autoridad estatal como irrenunciable.
Este marco conceptual comenzó a resquebrajarse a partir de la crisis de la deuda de 1982, cuando el modelo económico y el lenguaje del Estado comenzaron a separarse.
El PRI preneoliberal fue un régimen injusto, pero no fue un régimen vacío. Sabía qué era el Estado, para qué servía y cuáles eran las líneas que no podían cruzarse sin poner en riesgo su propia existencia.
Esta conciencia histórica explica por qué, durante décadas, la idea de una intervención extranjera en México era impensable incluso como provocación retórica.
El contraste con el PRI actual —y con su relación problemática con la soberanía— no puede entenderse sin este punto de partida.
La crisis de la deuda de 1982 marcó el inicio de una transformación silenciosa pero decisiva: el Estado comenzó a reducir su papel económico mientras intentaba conservar intacto su lenguaje de soberanía.
Esa separación entre lo que el Estado hacía y lo que decía no fue inmediata ni evidente, pero definiría al priismo de las décadas siguientes. Explorar esa contradicción es indispensable para comprender el periodo neoliberal que siguió.
