El reciente traslado —más que extradición formal— de 26 reos de alta peligrosidad desde México a Estados Unidos confirma que la Cuarta Transformación diplomática ha dado un salto notable en sofisticación y pragmatismo. No se trata simplemente de enviar criminales al otro lado de la frontera; es, sobre todo, una jugada estratégica con múltiples significados.
Un respaldo calculado ante la presión estadounidense
Este movimiento llega en un contexto de creciente presión diplomática y comercial de Donald Trump: amenazas de aranceles, clasificación de cárteles como organizaciones terroristas y órdenes militares en la región. Al enviar a estos capos —desde “La Tuta” hasta “El Cuini”— bajo el compromiso de que no se aplicará la pena de muerte, el gobierno mexicano desactiva una bomba política y exhibe firmeza sin ignorar los límites constitucionales.
Una segunda jugada en clave bilateral
Vale recordar que este no es un movimiento aislado: en febrero de 2025 fueron transferidos otros 29 presuntos líderes del narcotráfico. Esta consistencia revela una estrategia sostenida, no una improvisación coyuntural.
Reconfigurar soberanía sin perderla de vista
Este tipo de acción abre un debate legítimo sobre la autonomía del Estado frente a presiones externas. Sin embargo, afirmar vagamente que se trata de una “pérdida de soberanía” pasa por alto que el gobierno ha aplicado su propio marco legal (Ley de Seguridad Nacional) y los protocolos del debido proceso, cosechando un resultado ventajoso: máxima cooperación sin traición institucional.
Contraataque a la impunidad interna
Al enviar criminales de extremo peligro, México evita el riesgo de fugas, amparos interminables o, incluso, corrupción interna. Al decir adiós a figuras como “La Tuta”, “El Cuini” o “El Mayo” —aun bajo condicionamiento legal—, el Estado reduce la capacidad de influencia criminal desde adentro y sobre territorio nacional.
Esta no es una adhesión a la línea dura del extranjero
La delicada línea que ha trazado la 4T —aceptar cooperación sin militarización foránea— habla de inteligencia política. Al negarse rotundamente a permitir bases o acciones militares estadounidenses en territorio mexicano, el gobierno mantiene el control sobre la narrativa soberana, señalando que, aunque coopera, no se somete.
Pero no todo puede ser pragmatismo sin institucionalidad
Este tipo de maniobra debe ir acompañado de una apuesta robusta: fortalecer el sistema judicial, transparentar los criterios de entrega, validar y revisar procedimientos, garantizar independencia judicial y profesionalización policial. De otro modo, se corre el riesgo de que estas acciones se conviertan en sustitutos de reformas estructurales profundas.
La entrega de 26 figuras clave al sistema de justicia estadounidense es, sin duda, una jugada inteligente y estratégica por parte del gobierno actual. Demuestra un México no sumiso, sino consciente de su entorno, dispuesto a proteger su soberanía constitucional, a evitar aranceles y acciones unilaterales de Washington, y a golpear al narcotráfico donde más duele.
Pero este triunfo diplomático será aún más valioso si se acompaña de una agenda firme de reformas institucionales, transparencia y fortalecimiento del Estado de derecho. Solo así esta estrategia pragmática podrá consolidarse como historia de éxito para la 4T, y no quedar en mera táctica coyuntural.