Ciudad de México, 17 de junio de 2025 – En un giro histórico en la política habitacional mexicana, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzará un plan para regularizar 145 000 viviendas ocupadas de forma irregular, garantizando que no se realizarán desalojos, anunció este lunes su director Octavio Romero Oropeza en la conferencia mañanera presidencial.
Tras un censo de 168 000 viviendas con irregularidades —parte de un total estimado de 843 000 inmuebles en situación vulnerable—, se identificó que 145 000 hogares están habitados por personas que no son los titulares o que dejaron de pagar su crédito .
¿Qué se propone Infonavit?
Infonavit se propone rentar la vivienda a los ocupantes con opción a compra: quienes ocupen estas viviendas podrán firmar un contrato de arrendamiento con opción a compra a precios “muy económicos”, con el objetivo de que tras cuatro o cinco años obtengan la propiedad legal, sin embargo, advirtió a los ocupantes: no serán desalojados, pero, sin la regularización, nunca podrán adquirir legalmente la vivienda.
¿Qué pasará con los propietarios originales?
En caso de que los dueños aparezcan, el Infonavit ofrecerá alternativas: reprogramación o reestructuración del crédito, e incluso una vivienda distinta proveniente de un fondo de al menos 23 000 a 25 000 inmuebles abandonados o vandalizados que serán rehabilitados.
Esta nueva medida forma parte del programa “Vivienda para el Bienestar” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien busca atacar de raíz el déficit habitacional. A través de este plan se propuso recuperar 600,000 viviendas abandonadas, construir 186 000 nuevas durante 2025 y escriturar un millón de propiedades.
Transparencia y combate a la corrupción
Romero Oropeza también informó que Infonavit ha presentado 150 denuncias ante la Fiscalía General de la República y ha cesado a 22 colaboradores por actos de corrupción, en un esfuerzo paralelo para sanear la institución .
Interpretación y relevancia
Este plan marca un cambio notable en la política pública: prioriza la solución habitacional ante la certeza jurídica, evitando los traumáticos procesos de desalojo. La estrategia también busca responder a la herencia de viviendas mal proyectadas o abandonadas durante administraciones previas. Se trata de una apuesta que podría legitimar la ocupación informal al incorporar a estas familias en un esquema legal y protector.
Sin duda, será clave observar el ritmo de implementación, las tarifas definitivas de renta y compra, así como la respuesta de los legítimos dueños y su experiencia con las reestructuras crediticias.
