Hay hechos que revelan, con brutal claridad, el deterioro de nuestra convivencia. El reciente acoso sufrido por la presidenta de México no solo expone un acto inaceptable de agresión contra una mujer; exhibe también una profunda herida cultural: la incapacidad social para reconocer la dignidad femenina en todos los espacios, incluso en el más alto nivel de representación pública.
Quien ocupa la Presidencia de la República no es solo una figura política: es el símbolo de la unidad nacional. Cualquier agresión en su contra, además de un atentado personal, constituye una afrenta a la institucionalidad misma. Por eso, más allá de los matices ideológicos, todos —sociedad, partidos y medios— deberíamos coincidir en la condena categórica de lo ocurrido.
Acoso como síntoma social
El acoso, en todas sus formas, es un fenómeno que se ha normalizado hasta volverse casi invisible. Está incrustado en el tejido social como una mota cancerígena que corroe silenciosamente la dignidad de millones de mujeres cada día. En calles, centros de trabajo, transportes o redes sociales, persiste una cultura de impunidad que permite que la violencia verbal, el contacto no consentido o las insinuaciones humillantes sean toleradas o minimizadas.
No se trata de un “incidente menor”. Es una agresión que debe ser legislada y castigada como delito de alto impacto. Porque sus consecuencias son profundas: el miedo, la vergüenza y la desconfianza social que deja en sus víctimas son heridas invisibles que fracturan la convivencia y perpetúan la desigualdad.
La investidura presidencial y la seguridad
Es verdad que la presidenta —como cualquier mandatario en una democracia moderna— debe vivir cerca del pueblo, caminar entre la gente, escucharla sin intermediarios. Esa cercanía humaniza el poder y devuelve confianza a una ciudadanía cansada de muros y escoltas. Pero esa cercanía no puede confundirse con vulnerabilidad. La seguridad de quien encarna la representación del Estado no es un privilegio, es una necesidad institucional.
Proteger la integridad de la presidenta no es alejarla del pueblo, sino resguardar el respeto a la investidura y el orden democrático. Cualquier agresión, por pequeña que parezca, debe activar protocolos inmediatos de protección y sanción. La prevención y la respuesta oportuna no solo garantizan la seguridad personal, sino que envían un mensaje contundente de que la violencia contra la mujer —sea quien sea— no tiene cabida en nuestra sociedad.
La ética de los medios
Hay otro ángulo del episodio que merece atención: la conducta de los medios de comunicación. En un caso como este, la decisión de publicar imágenes del momento de la agresión, como lo hicieron diarios y portales de todas las tendencias —desde Reforma y El Universal hasta Sin Embargo—, es éticamente indefendible.
El periodismo tiene la obligación de informar, pero también la responsabilidad de no revictimizar. Difundir imágenes que exhiben el cuerpo o el rostro de una víctima sin su consentimiento no aporta contexto ni verdad: solo prolonga la humillación. Bastaba narrar los hechos con rigor, contrastar fuentes y exigir responsabilidades. La crudeza de la imagen no añade información, solo deshumaniza.
Quienes ejercemos el oficio periodístico debemos recordar que el derecho a saber de la sociedad no puede pisotear el derecho a la dignidad de las personas. La imagen puede herir donde la palabra puede curar. Por eso, en Tejido Social creemos que la narración ética y responsable de los hechos puede —y debe— suplir la exposición visual del dolor.
Un espejo de país
El agravio contra la presidenta es un espejo que devuelve el reflejo de lo que aún somos: una sociedad que convive con la agresión como si fuera parte de su paisaje. Pero también puede ser el punto de inflexión para reafirmar lo que queremos ser: una nación donde la dignidad femenina no se discute ni se negocia.
Erradicar el acoso —contra cualquier mujer, en cualquier ámbito— exige leyes más firmes, educación con perspectiva de respeto y una cultura mediática que priorice la ética por encima del morbo.
La presidenta de México merece respeto no solo por ser mujer, sino por ser la representación viva de la ciudadanía. Protegerla no es un gesto de cortesía, es un deber del Estado y un compromiso de todos. Porque si un país permite que la agresión llegue hasta la cabeza de su gobierno, es el país entero el que se degrada.
