En los últimos días, el comercio internacional ha entrado en una nueva etapa de tensión jurídica y política en Estados Unidos. La noticia puede parecer lejana o técnica, pero sus efectos llegan hasta las fábricas, los empleos y los precios en muchos países, incluido México.
La Corte le pone freno al presidente Trump
La Supreme Court of the United States decidió que el gobierno de Donald Trump no podía imponer aranceles globales utilizando poderes de emergencia económica.
Dicho en palabras simples: el presidente había aplicado impuestos a productos de muchos países usando una ley pensada para crisis extraordinarias, como guerras o amenazas graves. La Corte consideró que esa herramienta no estaba diseñada para rediseñar el comercio mundial.
Por lo tanto la Corte no prohibió los aranceles, sino que lo que dijo fue que no podían imponerse de esa manera ni bajo esa justificación jurídica, es decir, Trump aplicó aranceles usando unas leyes inadecuadas. Esté dictamen de la acorte estadounidense más que un fallo comercial, fue un recordatorio institucional de que el poder para fijar impuestos al comercio pertenece principalmente al Congreso, no al Ejecutivo actuando solo.
Trump no retrocede: cambia de camino
La respuesta de Trump fue inmediata. Anunció un arancel global del 10 % a las importaciones que entran a Estados Unidos, pero esta vez no lo hizo usando poderes de emergencia, sino otra legislación comercial que sí permite tarifas temporales de 150 días mientras se corrigen desequilibrios económicos.
Esto significa que la política arancelaria no desaparece. Solo cambia de fundamento legal. La tensión, por tanto, no termina, sólo se está reorganizando.
¿Qué es un arancel global?
Un arancel es, en esencia, un impuesto a los productos que llegan del extranjero. Cuando se habla de un arancel “global”, se refiere a que no está dirigido a un solo país, sino a la mayoría de las importaciones.
En la práctica, esto se traduce en productos importados más caros dentro de Estados Unidos, pero también en presiones económicas para otros países que dependen de vender al mercado estadounidense, pues ante la carestía, Estados Unidos buscará producirlos internamente.
No siempre aplica a absolutamente todos los bienes ni a todos los socios comerciales por igual, porque existen tratados comerciales y excepciones, pero sí establece un piso general de gravamen.
Seguridad nacional y comercio: una frontera cada vez más difusa
Estados Unidos mantiene otros aranceles que no fueron anulados. Algunos se justifican por “seguridad nacional”, bajo la idea de que depender demasiado de importaciones estratégicas puede volver vulnerable al país.
Aquí entran industrias como el acero, los semiconductores o la energía. El argumento es sencillo: si en un conflicto nacional o internacional el país no puede producir lo que necesita, su seguridad se debilita.
Otros aranceles se aplican cuando se considera que un país comercia de forma desleal, por ejemplo subsidiando artificialmente sus productos o imponiendo barreras ocultas. En ambos casos, el gobierno debe abrir investigaciones y justificar sus decisiones, pero los tribunales suelen dar amplio margen al Ejecutivo cuando se invocan intereses nacionales.
¿Y México dónde queda en esta disputa?
México observa esta tensión desde una posición distinta a la de otros países. Al formar parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, muchos de sus productos tienen reglas preferenciales de comercio. Eso no los vuelve intocables, pero sí eleva el costo político y jurídico para Estados Unidos si decide imponerles aranceles amplios.
Además, la integración productiva es profunda. Muchas exportaciones mexicanas son piezas de cadenas industriales compartidas con empresas estadounidenses. Gravar esos flujos puede afectar a ambos lados de la frontera.
Por eso, mientras algunos países ven cerrarse puertas, México mantiene varias abiertas, aunque bajo vigilancia constante.
El conflicto no termina, solo cambia de forma
Lo que estamos viendo no es el final de la guerra comercial, sino solo una transformación. La Corte ha puesto límites al uso de poderes extraordinarios, pero el Ejecutivo sigue teniendo herramientas legales para presionar el comercio internacional.
La diferencia es que ahora cada arancel deberá justificarse con mayor cuidado jurídico. El conflicto pasa de ser una decisión rápida a convertirse en un proceso más institucional, más litigable y más previsible.
El derecho redefine la economía
Este episodio deja una lección más amplia. El comercio mundial no se mueve solo por mercados o mercancías, sino también por tribunales, leyes y equilibrios de poder.
Una decisión judicial en Washington puede alterar inversiones en Asia, empleos en América Latina o precios en Europa. Por eso, aunque el lenguaje sea técnico, el trasfondo es profundamente cotidiano: quién produce, quién vende, quién compra, y bajo qué reglas.
Hoy esas reglas están en disputa y el mundo entero, de una u otra forma, está dentro de esa conversación.
