Ciudad de México, 1 de julio de 2025
En una decisión que marca el cierre de una etapa en el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este martes la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama para que al menos 15 asuntos fiscales relevantes fueran discutidos y votados públicamente en el pleno, en lugar de resolverse en las salas, como se ha hecho durante años. La decisión fue tomada en sesión privada con ocho votos en contra y solo dos a favor.
La ministra Batres, quien desde su llegada ha abogado por abrir al escrutinio público las decisiones judiciales de alto impacto económico, había solicitado desde el pasado 18 de junio que estos casos —que involucran más de 47 mil millones de pesos en posibles devoluciones fiscales— fueran tratados en el pleno.
En esa ocasión, La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, dio a conocer que mediante su ausencia en la Segunda sala del máximo Tribunal impidió que se resolviera un amparo a favor de Movistar para una deducción de impuestos equivalente a cuatro mil 442 millones de pesos. Con su ausencia, el asunto no pudo resolverse por falta de quórum.
En aquella ocasión, la ministra advirtió que dejaría el tema para transparentarlo en el pleno y calificó de “injustificadamente opaco” que asuntos de este calibre se decidieran sin exposición pública de los argumentos y votos. Sin embargo, la mayoría de sus colegas —incluidos ministros como Javier Laynez, Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayán y la presidenta Norma Piña— optaron por mantener la práctica vigente.
Tras la votación de este martes, Batres expresó en redes sociales su inconformidad con un mensaje directo: “Vaya manera de cerrar una época”, en referencia a que esta será una de las últimas decisiones relevantes tomadas bajo la estructura actual de la Corte, que incluye dos salas. A partir del 1 de septiembre, con la nueva integración y la desaparición de las salas, todos los asuntos deberán discutirse en el pleno.
Además de Batres, sólo la ministra Margarita Ríos Farjat votó a favor de su propuesta. El resto del pleno decidió no intervenir en la definición de la competencia sobre los juicios fiscales pendientes, pese a que se trataba de una oportunidad para establecer un nuevo precedente de apertura.
El rechazo deja varias lecturas posibles. Por un lado, refleja una resistencia institucional a modificar la estructura de deliberación incluso cuando está próxima a cambiar; por otro, evidencia que hay una mayoría en la Corte que prefiere seguir resolviendo estos temas fuera del ojo público, sin exposición mediática ni obligación de argumentar de manera abierta ante la sociedad.
Para Batres, se trata de una pérdida de oportunidad. “La ciudadanía debe conocer cómo se toman decisiones que pueden impactar el erario y el sistema fiscal del país. No se puede seguir decidiendo en lo oscurito”, ha dicho en múltiples espacios.
Los 15 asuntos seguirán pendientes y serán heredados a la próxima integración de la Corte, que deberá decidir si continúa con la tradición de resolverlos en privado o inaugura una nueva etapa de mayor rendición de cuentas.
