La entrega de constancias de mayoría a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación marca un hito en la historia democrática de México. Por primera vez, el pueblo tuvo voz directa en la integración del máximo órgano judicial del país. No fue un proceso perfecto, pero sí profundamente significativo. Y en nuestra opinión, fue justo, necesario y legítimo.
La elección judicial del 1º de junio, organizada por el Instituto Nacional Electoral, no sólo fue viable técnicamente —como confirmó el propio INE—, sino que además demostró la madurez política de una ciudadanía dispuesta a participar en asuntos históricamente reservados a élites políticas y jurídicas.
Durante semanas, algunos sectores críticos intentaron deslegitimar el proceso, acusando al gobierno de manipulación, al INE de complacencia, y a los votantes de ignorancia. Se escandalizaron por los llamados “acordeones” informativos, como si ofrecer referencias claras al elector fuera un pecado democrático. Nosotros, en cambio, los vemos como herramientas de pedagogía cívica indispensables para una elección compleja, con cientos de cargos en juego y boletas de gran extensión. Informar no es inducir. Es empoderar.
Sabemos que el proceso tuvo fallas: casillas anuladas, boletas apócrifas, logística mejorable. Pero también sabemos que se trata de la primera elección de esta naturaleza en México, y que toda innovación democrática conlleva una curva de aprendizaje. El INE actuó con responsabilidad al validar los resultados y entregar constancias a quienes obtuvieron el respaldo popular. La Corte, el Tribunal Electoral y los órganos de fiscalización ahora tienen la tarea de cerrar el proceso con transparencia y rigor.
También es cierto que el 80 % de los ganadores coincidieron con los perfiles sugeridos por movimientos afines a la Cuarta Transformación. Pero más allá del juicio ideológico, ese dato revela algo profundo: la sociedad mexicana quiere una justicia distinta. Una justicia más cercana, más humana, menos arrogante. No votó por académicos lejanos ni por tecnócratas judiciales. Votó por personas con trayectoria pública, con convicciones, con compromisos claros con el pueblo.
Eso incomoda a quienes han hecho del Poder Judicial un reducto de privilegios. Pero para millones de mexicanas y mexicanos, la justicia ha sido durante décadas una promesa incumplida, secuestrada por el clasismo, la corrupción o el miedo. El voto ciudadano busca revertir esa historia. Y lo hace dentro del marco institucional, con reglas claras y mecanismos de control.
Por supuesto que este modelo es perfectible. Deberá discutirse cómo fortalecer los filtros de idoneidad, cómo garantizar el equilibrio entre autonomía e identidad popular, y cómo evitar que la judicialización de la política derive en el partidismo de la justicia. Pero esa discusión debe partir de una premisa: que el pueblo tiene derecho a decidir quién imparte justicia en su nombre.
El proceso de elección judicial es, en esencia, una democratización del poder. Y como toda democracia verdadera, exige participación, información y responsabilidad. Aplaudimos este primer paso. Y nos comprometemos a seguir observando, cuestionando y proponiendo para que la justicia en México deje de ser un privilegio y se convierta, por fin, en un derecho efectivo para todas y todos.
