De la fe al dinero, y del dinero a la política. El caso de La Luz del Mundo revela cómo un poder religioso puede extender sus tentáculos hacia las instituciones públicas. ¿Qué se pretende con esa estrategia?
De templo a tribuna
La Luz del Mundo no solo es un culto religioso con millones de seguidores; también es una organización con vastos recursos económicos y con la capacidad de movilizar multitudes.
Su presencia no se limita a lo espiritual: históricamente ha tejido vínculos con partidos, legisladores y funcionarios. El caso más visible es el del senador Emmanuel Reyes Carmona, quien además de ser miembro de la iglesia ha defendido públicamente a Naasón Joaquín, líder acusado de abuso sexual y crimen organizado en Estados Unidos.
A principios de 2025, medios nacionales documentaron que al menos cuatro aspirantes al Poder Judicial tenían vínculos familiares o cercanos con líderes de La Luz del Mundo. La sospecha es que la iglesia busca tener aliados en un espacio clave para garantizar protección legal.
La fe como capital político
El poder de una iglesia como La Luz del Mundo no se explica solo por su número de fieles. Lo decisivo es su capacidad de convertir la fe en capital político. La movilización de miles de creyentes puede significar votos, legitimidad y recursos económicos. Por eso, diversos partidos han buscado acercarse a sus líderes, y viceversa.
En un país donde la política electoral depende de estructuras clientelares y de base, la alianza con un grupo religioso garantiza lo que todo político ambiciona: masas organizadas y obedientes.
¿Cuáles son las intenciones?
La pregunta central es: ¿qué gana La Luz del Mundo al tener aliados en el Congreso o en el Poder Judicial? Estas son algunas posibilidades:
- Blindaje legal. Es posible que la Luz del mundo busque contar con jueces o legisladores cercanos para frenar investigaciones y tener acceso privilegiado a información judicial o incluso impunidad frente a denuncias.
- Influencia normativa. Desde espacios legislativos se pueden promover reformas que favorezcan a organizaciones religiosas en temas fiscales, de propiedad o de regulación.
- Legitimidad social. Tener un senador, diputados o jueces aliados da a la iglesia una pátina de respetabilidad y poder, contrarrestando las acusaciones públicas.
- Movilización electoral. La iglesia puede entregar votos en bloque a cambio de favores, candidaturas o concesiones.
- Expansión económica. al contar con aliados en el poder, se facilitan trámites, adjudicaciones, permisos o la defensa de propiedades adquiridas por la organización.
El riesgo para la democracia
La Constitución mexicana establece la separación entre Iglesia y Estado, pero la práctica muestra que los límites son frágiles. Cuando una organización religiosa con recursos económicos millonarios se infiltra en la política, la frontera entre lo espiritual y lo secular se diluye.
No se trata de negar la fe de millones de creyentes, sino de advertir que la instrumentalización política de esa fe amenaza con crear poderes paralelos que debilitan a las instituciones.
En el fondo, la pregunta es clara: ¿quién gobierna, los representantes electos o los líderes religiosos con sus ejércitos de fieles?
