Ciudad de México, 12 de junio de 2025. — La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, acusó públicamente a sus colegas de la Primera Sala de confabular con empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego para eludir el pago de impuestos millonarios. En un video publicado en redes sociales, Batres denunció que está por aprobarse un nuevo impedimento en su contra, el tercero promovido por Grupo Salinas, que busca excluirla de la resolución de un juicio fiscal clave.
La ministra, quien se ha autodenominado “la ministra del pueblo”, sostiene que la Corte está avalando una estrategia dilatoria del conglomerado empresarial para evitar el pago de más de 35 mil millones de pesos en créditos fiscales, recargos y multas. Acusó directamente al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, cuyo proyecto será discutido esta semana y propone aceptar la recusación presentada por Elektra en el caso 6321/2024, relacionado con una deuda superior a los 33 mil millones de pesos.
Según Batres, el proyecto en su contra se fundamenta en publicaciones suyas en redes sociales entre 2014 y 2021, mucho antes de su nombramiento como ministra, y que habrían sido interpretadas como “animadversión” hacia Salinas Pliego. “¿Qué Corte puede llamarse suprema si sanciona retroactivamente la libertad de expresión de una de sus integrantes?”, cuestionó con dureza.
La ministra refutó que emitir opiniones pasadas pueda ser considerado causal de “enemistad manifiesta”, y citó precedentes en los que la SCJN había descartado este tipo de argumentos. “Es como si al Inter Miami se le ocurriera expulsar a Messi por haber opinado hace 10 años que el mejor equipo era el Barcelona”, ironizó.
Además de denunciar su exclusión, Batres afirmó que tanto la Primera como la Segunda Sala ya han aprobado dos impedimentos anteriores en su contra, sin que se acrediten causas válidas. A esto sumó que la Corte ha aceptado sin objeción 56 recursos y recusaciones, lo cual ha permitido retrasar la resolución de los casos por más de siete meses.
En uno de los señalamientos más delicados, la ministra recordó que en marzo de 2024 la SCJN amparó a Totalplay, otra empresa de Grupo Salinas, reduciendo sustancialmente un adeudo fiscal de más de 645 millones de pesos, lo que consideró una resolución injustificada.
“Algunos ministros, con intereses que sí parecen personales, han optado por censurar mi libertad de expresión retroactivamente. No me impiden por ley, me impiden por incomodar”, sentenció.
La denuncia de Batres reaviva el debate sobre la independencia del Poder Judicial y su actuación frente a los intereses de grupos empresariales poderosos. En un momento donde la credibilidad de las instituciones está en juego, las palabras de la ministra resuenan como un llamado urgente: ¿A quién protege la justicia cuando decide excluir a quien cuestiona los privilegios?
