Villahermosa, Tabasco. El partido Morena analiza la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, tras verse envuelto en un escándalo que ha sacudido a la entidad y encendido las alarmas a nivel nacional.
La decisión aún no es oficial, pero se perfila como inminente luego de que diversos testimonios y señalamientos periodísticos vinculan a Bermúdez con una red de corrupción dentro del sistema penitenciario estatal.
Fuentes del partido señalaron que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena ya se encuentra revisando el caso, y que la dirigencia estatal ha comenzado un proceso interno que podría derivar en su expulsión definitiva.
“La Comisión acaba de determinar iniciar un procedimiento de oficio, ya suspendió sus derechos partidarios con miras a la expulsión”, dijo Luisa María Alcalde hoy jueves 17 de julio durante una entrevista con Maca Carriedo para El Heraldo de México.
Aunque hasta ahora no se ha judicializado ninguna acusación formal en su contra, la presión social y mediática ha puesto a prueba la promesa de combate a la corrupción dentro del movimiento.
Bermúdez Requena renunció a su cargo en febrero pasado, en medio de señalamientos por el supuesto encubrimiento de una red criminal que operaba desde el penal de Villahermosa, involucrando presuntas extorsiones a empresarios locales y vínculos con grupos delictivos.
El medio opositor al régimen de la Cuarta Transformación, Latinus, publicó una investigación que lo relaciona con “La Barredora”, una estructura criminal que presuntamente operaba desde los centros penitenciarios con el visto bueno de altos mandos.
En Morena, donde se ha insistido en el principio de “no mentir, no robar y no traicionar”, este caso representa un desafío político y ético. Militantes y figuras de Morena en Tabasco han expresado su indignación, y algunos han pedido que se marque una línea clara para deslindarse de personajes cuya actuación contradiga los valores de la Cuarta Transformación.
El gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos aceptó la renuncia de Bermúdez sin mayores explicaciones en su momento, lo que fue interpretado como un intento por contener el daño político que podría generar la oposición que aprovecharía la circunstancia para hacer campaña de desprestigio.
Sin embargo, el caso ha escalado en atención nacional, obligando a Morena a tomar una postura más firme, lo que no debería ser necesario, puesto que la militancia que conforma la base de Morena, y la sociedad en general, esperaría que las expulsiones de quienes tienen conductas delictivas debería ser automática y natural.
Desde Tejido Social insistimos en la importancia de que toda acusación sea sustentada en pruebas y debidamente investigada por las autoridades competentes. No se trata de linchamientos políticos ni de presunciones infundadas, sino de garantizar que ningún servidor público, sin importar su filiación, esté por encima de la ley.
En tanto no haya resolución judicial, la presunción de inocencia debe mantenerse; sin embargo, la responsabilidad política y ética exige respuestas claras y acciones contundentes.
Morena tiene ahora la oportunidad de demostrar si está dispuesto a depurar sus filas cuando alguno de sus miembros compromete su credibilidad ante la ciudadanía.
