Ciudad de México.— El Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá este lunes las sanciones propuestas por su Comisión de Fiscalización contra 118 candidatos electos del Poder Judicial, tras determinar que obtuvieron una ventaja indebida al aparecer en diversas guías de votación, tanto impresas como digitales, que recomendaban sufragar por sus nombres.
Entre los sancionados se encuentran personas que ocuparán cargos clave en la estructura judicial, como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), integrantes del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y de tribunales distritales, así como jueces y juezas de distintas instancias.
Las sanciones, de tipo económico y administrativo, no contemplan la anulación de sus triunfos ni su destitución, pero sí varían en severidad. Van desde simples amonestaciones públicas hasta multas que alcanzan los 146 mil pesos, dependiendo del nivel de exposición en las guías y su impacto potencial en los comicios.
Entre los casos destacados, el próximo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, enfrentaría una multa de 39 mil 712 pesos. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, también próxima integrante del máximo tribunal, recibiría la sanción económica más alta para ese nivel: 127 mil 508 pesos.
En el ámbito del Tribunal de Disciplina Judicial —una de las instituciones que reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal—, se prevé multar a su futura presidenta, Celia Maya, con 146 mil 884 pesos.
Por otro lado, el INE se inclina por desechar las denuncias presentadas contra los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), a los que se acusaba de financiar la elaboración y difusión de las guías de votación, así como de mantener al menos cinco sitios web con esa finalidad. Según la investigación, no se hallaron pruebas concluyentes que acreditaran la participación directa de estos partidos en la estrategia.
Las resoluciones definitivas serán votadas por el Consejo General del INE, en un contexto donde se intensifica el debate sobre la legitimidad de los procesos de elección de integrantes del Poder Judicial y el uso de mecanismos proselitistas encubiertos.
Aunque las sanciones no alteran los resultados, sí marcan un precedente sobre los límites de la promoción indirecta en un proceso electoral que ha sido objeto de creciente escrutinio.
