En estos días ha vuelto a encenderse el debate sobre la figura de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y uno de los rostros más visibles de la Cuarta Transformación.
La orden de detención de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante su administración como gobernador, ha sido suficiente para que desde trincheras conservadoras se apunte con el dedo a Adán Augusto López , no como alguien que debe ser investigado, sino como un culpable ya juzgado en los tribunales mediáticos de la oposición conservadora.
No sorprende. La derecha mexicana, heredera de una larga tradición de impunidad y doble moral, aplica con destreza quirúrgica el principio de la justicia selectiva.
Con Felipe Calderón nunca han exigido el mismo rigor. A pesar de los testimonios de altos mandos en el sentido de haberle advertido sobre los pasos que daba García Luna, los señalamientos internacionales y el juicio en Estados Unidos que condenó a su secretario de seguridad por narcotráfico, siguen repitiendo la narrativa de que Calderón “no sabía”, que fue “engañado”, que no hay prueba directa que lo incrimine.
Calderón quizá sea inocente por los actos que cometió Genaro García Luna, quizá, pero al menos amerita una investigación. De ser inocente de asociación con el delincuente detenido, al menos es responsable por la omisión tras las advertencias recibidas y por negligencia al no investigar qué tipo de personaje contrató ara hacer cargo de la seguridad ciudadana del país.
Pero a Adán Augusto se le exige lo que nunca se le exigió al expresidente panista: omnisciencia, control absoluto, responsabilidad criminal por asociación.
Lo más paradójico —y preocupante— es que sectores de la propia izquierda crítica han caído en esa misma lógica. Han comenzado a linchar a Adán Augusto López con la misma facilidad con que antes desmenuzaban a Calderón, pero sin contar con una sola prueba, sin testimonios creíbles, sin indicios sólidos más allá de la relación política. Declaran su culpabilidad sin matices, sin esperar la investigación.
Aquí es donde el periodismo honesto, ético, comprometido con el cambio social, debe tomar una posición firme. No se trata de encubrir. No se trata de cerrar filas con los de la 4T por mera afinidad política. Se trata de defender una diferencia de fondo: si realmente creemos en la transformación de las estructuras podridas de este país, debemos demostrar que nuestro estándar de justicia no cambia según el color del partido.
Si hay evidencia contra Adán Augusto, deberá enfrentarse a la justicia con todas sus consecuencias. Pero si no la hay, el periodismo de izquierda no puede caer en el espectáculo del linchamiento. Porque entonces, sí seríamos iguales. Eso sí, de la responsabilidad de contratar,bb sin investigar, a un delincuente, deshonesto y corrupto, en caso de que resulte culpable Hernán Bermúdez luego de la investigación, Adán Augusto López no se podrá despojar, al igual que Felipe Calderón.
Decimos que no somos iguales porque no encubrimos, pero también porque no condenamos sin juicio. Decimos que no somos iguales porque no usamos la justicia como herramienta de venganza, sino como un instrumento de verdad. Y eso implica también la valentía de señalar los errores propios, cuando los hay, con el mismo rigor con que denunciamos a los corruptos del viejo régimen.
La Cuarta Transformación no necesita defensores ciegos. Necesita una ciudadanía y una prensa crítica, capaz de acompañar el proceso sin perder la brújula ética. Sólo así se consolidará un proyecto que no se conforme con ganar elecciones, sino que transforme verdaderamente la cultura política del país.
Esperar a que la Fiscalía determine responsabilidades o a que surjan pruebas periodísticas no es una tibieza: es una muestra de madurez. Y si el periodismo de izquierda quiere mantener su legitimidad, debe resistir la tentación del juicio sumario. Sólo entonces podremos decir, con la frente en alto, que seguimos siendo distintos.
