La noticia de que el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, estaría vinculado a una lujosa residencia en The Woodlands, Texas, ha encendido una serie de interrogantes que van más allá de la mera adquisición o uso de un inmueble.
Aunque vivir en el extranjero no constituye en sí mismo un delito, cuando se trata de un servidor público, especialmente de alguien que ha tenido bajo su mando un presupuesto estatal, las preguntas obligadas son: ¿cómo se pagó esa casa?, ¿está declarada?, ¿quién es el verdadero propietario? y, sobre todo, ¿hay algún interés oculto detrás de su uso?
The Woodlands no es cualquier lugar. Ubicado al norte de Houston, Texas, es un desarrollo residencial planeado con altos estándares de calidad de vida, rodeado de áreas verdes, campos de golf, centros comerciales y estrictos códigos urbanísticos. Es un enclave de clase alta, donde los inmuebles suelen superar fácilmente el millón de dólares.
Es decir, no es precisamente un sitio donde se espera que alguien con salario de servidor público pueda vivir… a menos que cuente con ingresos extraordinarios y plenamente justificables.
El problema no es que Diego Sinhue habite allí o tenga acceso a una propiedad en ese vecindario, sino que la residencia en cuestión está registrada a nombre de Ricardo Esquer Servín, socio de la empresa Seguritech, una firma que, durante su gobierno, obtuvo contratos millonarios con el estado de Guanajuato.
Esto ha sido documentado por medios como PopLab, Infobae, El Universal y El Imparcial. ¿Puede un exmandatario habitar sin conflicto alguno una casa perteneciente a un empresario que se benefició de su administración? La pregunta es legítima. Y más que eso: urgente.
La gobernadora actual, Libia Dennise García, lo entendió así. En un acto poco común dentro del propio partido, ordenó una investigación formal a través de la Secretaría de la Honestidad del estado, que ya analiza si existe algún conflicto de interés, simulación de propiedad o incluso posibles actos de corrupción detrás de este caso.
La denuncia también fue canalizada por ciudadanos a través del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, lo que significa que no se trata sólo de filtraciones periodísticas o conjeturas políticas, sino de una investigación respaldada por instancias institucionales.
Si Diego Sinhue habitó o utiliza esa casa sin haberla declarado como parte de su patrimonio, o si recibe un beneficio indebido por parte de un contratista del gobierno, podría estar incurriendo en una falta administrativa grave o incluso en delitos penales como enriquecimiento ilícito.
Y si la propiedad está a nombre de un tercero sólo como fachada, estaríamos hablando de un posible caso de simulación o encubrimiento, lo cual también ameritaría una respuesta legal.
Por eso, más allá del escándalo mediático, lo que está en juego aquí es la confianza en las instituciones y la promesa de transparencia en un estado que ha sido duramente golpeado por la violencia, la impunidad y la corrupción.
No se puede permitir que un tema como este quede en la ambigüedad. Es responsabilidad del actual gobierno estatal y de las autoridades competentes esclarecer, a la brevedad, si el exgobernador incurrió en alguna conducta indebida o si, por el contrario, tiene la forma de comprobar que todo está en regla.
La sociedad guanajuatense merece respuestas claras. Porque cuando se habla de servidores públicos que viven en barrios de lujo fuera del país, mientras la ciudadanía enfrenta crisis de seguridad, pobreza y falta de servicios, la indignación se convierte en una exigencia de justicia. Es tiempo de saber toda la verdad sobre lo que representa, simbólicamente y legalmente, una casa en The Woodlands.
