La noticia suena a triunfo: más de 15 millones de litros de hidrocarburos ilegales fueron asegurados en Coahuila por fuerzas federales. Se trata del mayor decomiso en lo que va de esta administración. Las imágenes de carrotanques varados, los operativos coordinados entre Sedena, Marina, Guardia Nacional y Pemex, incluso los aplausos de la embajada de Estados Unidos en redes sociales… todo parecería motivo de celebración. ¿Pero en serio podemos festejar?
Es positivo que se haya evitado que ese combustible robado llegue al mercado. Lo que no podemos aceptar es que sigamos capturando consecuencias y no causas. Porque aquí la verdadera pregunta no es cuántos litros se aseguraron, sino: ¿de dónde salieron? ¿Quién los autorizó? ¿Cómo es posible que más de 120 carrotanques circularan impunemente por carreteras, trenes y aduanas sin que nadie lo impidiera?
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El saqueo al que está sometido el país por el robo de combustible es un atentado directo contra los bienes públicos, una forma de desangrar la economía nacional, una amenaza constante a la seguridad, y un negocio que, como lo ha mostrado la historia reciente, involucra redes criminales pero también colusiones dentro de empresas, aduanas, autoridades locales e incluso corporativos internacionales.
Sí, el operativo fue exitoso, pero sólo en lo inmediato. Lo preocupante es que seguimos combatiendo el problema en la superficie. Nos alegra ver la reacción, pero lo urgente es la prevención. No basta con interceptar el huachicol en las vías del tren; hay que cerrar las llaves desde el origen. No basta con vigilar las carreteras; hay que romper las cadenas de complicidad empresarial. No basta con aplaudir desde embajadas extranjeras; necesitamos justicia, no espectáculo.
Este caso, además, pone el dedo en la llaga sobre el papel que juegan ciertas empresas —algunas radicadas en Texas, otras en México— en el tráfico ilegal de combustibles. Si de verdad queremos erradicar el huachicol, el gobierno federal y los congresos deben avanzar en investigaciones, auditorías e iniciativas que regulen con firmeza la importación, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos.
Se sabe, por ejemplo, que la compañía Arroyo Terminals, ubicada en el sur de Texas, lavó al menos 47 millones de dólares a empresas ligadas al crimen organizado en México y al contrabando de combustibles robados en el país, y se sabe porque lo reveló una acusación del Gobierno de Estados Unidos en la Corte de Distrito de Utah.
Recuperar el combustible es sólo una parte del camino. El verdadero éxito será cuando logremos detener a quienes lo roban, lo compran, lo transportan y lo permiten. Porque mientras eso no ocurra, cada carrotanque decomisado será sólo la punta de un iceberg que sigue creciendo bajo la impunidad.
