Ciudad de México, 1 de julio de 2025 — TejidoSocial.Mx
Después de un intenso y prolongado debate, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley de la Guardia Nacional, una legislación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que formaliza la incorporación de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y le otorga mayores facultades en materia de inteligencia e investigación para la prevención del delito.
Con 75 votos a favor y 34 en contra en lo general, y 75 a favor y 32 en contra en lo particular, la Cámara Alta dio luz verde a esta nueva ley que reorganiza jurídicamente a la Guardia Nacional y modifica ocho ordenamientos clave de justicia militar, con el objetivo declarado de fortalecer la lucha contra la violencia en el país. La votación evidencia la continuidad de la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, que privilegia el papel de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad.
La Ley, compuesta por 96 artículos distribuidos en siete títulos, establece principios, estructura organizativa, jerarquías, atribuciones, mecanismos de coordinación con autoridades estatales y municipales, y los lineamientos para su operación. Un cambio sustancial es que ahora la Guardia Nacional podrá realizar investigaciones y trabajos de inteligencia preventiva, así como operaciones encubiertas, lo cual representa una ampliación significativa de sus facultades operativas.
Además, la ley permite que esté conformada tanto por personal del Ejército y la Fuerza Aérea como por civiles considerados de confianza. La Sedena será responsable de organizar, capacitar y administrar a todos los elementos de la Guardia Nacional, cuya comandancia estará a cargo de un General de División propuesto por el titular de la Defensa y designado por la Presidencia de la República.
Durante la discusión, Luis Fernando Salazar, del grupo parlamentario de Morena, justificó la reforma como una respuesta a los estragos de gobiernos anteriores, y subrayó que el proyecto no solo responde a los efectos de la inseguridad sino que también atiende sus causas de raíz. Aseguró que la consolidación de la Guardia Nacional como fuerza permanente es uno de los pilares del nuevo modelo de seguridad de la Cuarta Transformación.
Por su parte, Enrique Vargas del Villar, del PAN, expresó su desacuerdo con la reforma, aunque dejó claro el respaldo de su bancada a las Fuerzas Armadas. Señaló que más de 700 municipios no cuentan con policías locales y advirtió que ni la Guardia Nacional ni el Ejército están diseñados para actuar como “policías de barrio”, por lo que propuso una estrategia alternativa más acorde a la seguridad pública de fuero común.
En contraste, Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), defendió el proyecto al afirmar que la nueva Ley dota a la Guardia Nacional de un marco jurídico robusto para enfrentar al crimen organizado, siempre bajo el mando civil de la presidenta Sheinbaum. “Esta es una reforma que apuesta por dar seguridad a las y los mexicanos”, afirmó.
Además de crear un nuevo cuerpo normativo para la Guardia Nacional, la reforma también modifica leyes orgánicas del Ejército, la Fuerza Aérea, la educación militar y los ascensos, así como los códigos de justicia y procedimiento militar. Con esta reforma, el gobierno federal busca consolidar la institucionalización de su estrategia de seguridad a largo plazo, manteniendo el papel central de las Fuerzas Armadas como garantes de la paz y el orden.
