San Francisco, California – Un nuevo capítulo en la confrontación entre el gobierno federal y el estado de California se abrió este jueves, cuando la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito bloqueó temporalmente una orden judicial que exigía al presidente Donald Trump devolver el control de la Guardia Nacional al estado.
La decisión de la corte de apelaciones llegó apenas unas horas después de que un juez federal declarara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente en respuesta a las recientes protestas en Los Ángeles, relacionadas con operativos de redadas antimigrantes. La orden judicial, que debía entrar en vigor este viernes al mediodía, sostenía que Trump había violado la Décima Enmienda de la Constitución al tomar control de la Guardia Nacional sin el consentimiento del estado, y que con ello se había excedido en sus facultades legales.
El juez aclaró que su decisión sólo aplicaba a la Guardia Nacional y no a los marines que también fueron enviados por el gobierno federal a la ciudad. Sobre estos últimos, el magistrado explicó que aún no estaban desplegados en las calles, por lo que no era posible emitir un juicio legal al respecto.
La Corte de Apelaciones, sin embargo, suspendió de inmediato la aplicación de esa orden, programando una audiencia para el próximo 17 de junio, en la que se escucharán los argumentos de ambas partes y se evaluará la legalidad del despliegue.
Este episodio se enmarca en una creciente tensión entre el gobierno federal y las autoridades de California, quienes han denunciado repetidamente la militarización de la respuesta a las protestas sociales y el uso excesivo del poder federal en asuntos que, según sostienen, competen al estado.
La Décima Enmienda de la Constitución estadounidense protege los derechos de los estados frente a la intervención del gobierno federal, y ha sido uno de los puntos centrales del conflicto. En su fallo inicial, el juez federal argumentó que Trump había vulnerado este principio al enviar tropas estatales bajo mando federal, sin el consentimiento del gobernador ni del Congreso.
A medida que se acerca la fecha de la audiencia, el caso promete convertirse en un precedente clave sobre los límites del poder presidencial, especialmente en contextos de protestas civiles y seguridad interna. Mientras tanto, las tropas permanecen desplegadas, y el debate sobre el uso de la fuerza y la autonomía de los estados continúa escalando tanto en los tribunales como en la opinión pública.
