Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró su última sesión con un pasillo de aplausos. Fue un cierre simbólico de una etapa marcada por la confrontación con el Ejecutivo y por el fracaso de quienes intentaron anular las elecciones que darán paso a un nuevo Poder Judicial.
El acto, cargado de protocolo y solemnidad, contrastó con los años de desconfianza acumulada hacia jueces y magistrados señalados de favorecer intereses económicos y criminales.
Empresarios intocables y amparos millonarios
La narrativa de los últimos años estuvo marcada por un mismo patrón: jueces y magistrados que se escudaban en el “debido proceso” para conceder amparos a grandes empresarios, suspensiones a corporativos energéticos y libertades a criminales de alto perfil.
La Suprema Corte y jueces federales fueron acusados de otorgar resoluciones que permitieron a personajes como Ricardo Salinas Pliego evitar el pago de miles de millones de pesos al SAT.
También beneficiaron a cadenas de conveniencia que violaban la ley antitabaco, y a empresas energéticas que se negaban a acatar la legislación vigente.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro es un nombre que resuena en estos casos: otorgó suspensiones que favorecieron tanto a las financieras de los “montadeudas” como a compañías que buscaban frenar la reforma energética.
Obstáculos a la obra pública
La misma Corte se convirtió en un muro de litigios contra las principales obras de infraestructura del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas.
Cientos de amparos retrasaron los proyectos, muchos de ellos respaldados por intereses empresariales y políticos adversos al gobierno.
Los jueces que liberaron criminales
Más grave aún fue el papel de juzgadores que devolvieron a las calles a personajes ligados al crimen organizado. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía y el presidente López Obrador documentaron casos como el del juez Carlos Gallegos Arellano, quien liberó a “Minimix”, acusado del asesinato de un jefe policial en Colima.
También se mencionó a Sergio Rodarte Oliva, que dejó en libertad a “El Fantasma”, presunto secuestrador del Cártel Jalisco Nueva Generación, y a Marco Antonio Ordorica Ortega, que absolvió procesos por secuestro en Guerrero.
Otros ejemplos incluyen a jueces que declararon ilegales detenciones por posesión de armas exclusivas del Ejército, o que no vincularon a proceso a jefes criminales como “La Vaca”, generador de violencia en Colima, y a personajes ligados a “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.
Entre los beneficiados también figuran nombres de alto impacto: Rafael Caro Quintero, “El Contador” del Cártel del Golfo, el empresario Kamel Nacif y el exgobernador Mario Marín, procesados por torturar a la periodista Lydia Cacho, o un ex policía federal acusado de desviar 2,500 millones de pesos.
El blindaje político
La corrupción judicial no se entiende sin el contexto político. En 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, legisladores del PAN y del PRI aprobaron la prisión preventiva oficiosa, medida que hoy se critica como herramienta de abuso. Entre los nombres que impulsaron esa reforma figuran Santiago Creel, Maru Campos, Marko Cortés y Gustavo Madero, del PAN; y Manlio Fabio Beltrones, Murillo Karam y Alejandro Moreno, del PRI.
¿Justicia o impunidad disfrazada?
Los jueces suelen argumentar que no liberan delincuentes, sino que protegen el debido proceso. Sin embargo, en lugar de ordenar la reposición de las investigaciones, concedieron la libertad de presuntos criminales.
Esa práctica alimentó la percepción de un Poder Judicial capturado por la corrupción, donde la letra de la ley se volvía coartada para proteger intereses económicos y criminales.
Un cierre simbólico
El pasillo de los aplausos en la Corte marcó el final de un ciclo. Entre aplauso fueron despedidos los ministros de la #SCJN. A todos menos a la ministra Lenia Batres, ante quien guardaron total silencio en muestra de rechazo por que se caracterizó por oponerse a las decisiones corruptas de la Corte.
Trabajadores de la Suprema Corte formaron una valla en el pasillo que conduce al salón del Pleno para su última sesión, por lo que comenzaron a aplaudir; los ministros agradecieron la muestra de cariño.
El discurso oficial sostiene que esa etapa de corrupción y privilegios llegó a su fin. Lo que sigue es demostrar que la nueva era no será de simulación, sino de verdadera justicia: una justicia que sirva al pueblo y no a los intereses del dinero o del crimen organizado.
