La nueva propuesta mantiene el objetivo central: disminuir el gasto de la política y redirigir recursos hacia servicios públicos
La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución. Morena votó a favor junto con algunos legisladores del Partido Verde y un diputado del Partido del Trabajo, pero el bloque opositor integrado por PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y una mayoría de diputados de los partidos “aliados” de Morena, rechazó la iniciativa.
Aun así, el resultado de la votación no significa que el debate haya terminado. Horas después de que la reforma fuera frenada en la Cámara de Diputados, la presidenta anunció lo que llamó un “Plan B”, una nueva propuesta legislativa que persigue el mismo objetivo central: reducir el costo de la política en México, pero mediante mecanismos que no requieren cambios constitucionales.
El nuevo planteamiento, según explicó la propia mandataria, se enfocará principalmente en los congresos locales y los gobiernos municipales, donde existe un amplio margen para disminuir gastos y redirigir recursos a necesidades públicas.
Más que una derrota legislativa, el episodio abrió una nueva etapa del debate sobre cuánto debe costar la política en un país con profundas desigualdades sociales.
El argumento central: el costo de la política
Uno de los pilares del discurso del gobierno federal es que las estructuras políticas en México mantienen costos que muchos ciudadanos consideran excesivos.
La presidenta ha señalado ejemplos que ilustran esa disparidad. En algunos casos, consejeros electorales perciben ingresos superiores al salario presidencial. En otros, legisladores locales cuentan con presupuestos que varían enormemente entre estados con características similares.
Un caso citado por la propia mandataria muestra la diferencia: Baja California y Colima tienen el mismo número de diputados locales —25— pero el costo por legislador es radicalmente distinto. En Baja California el gasto por diputado puede alcanzar alrededor de 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima ronda 5.1 millones.
Para el gobierno federal, estas diferencias evidencian que no existe un criterio uniforme de austeridad en los poderes legislativos locales, lo que abre la puerta a reformas que establezcan límites más claros.
Tres ejes del llamado “Plan B”
La propuesta anunciada por el Ejecutivo federal se estructura en tres líneas principales.
Primero: Topes al gasto de los congresos locales.
Este primer eje busca establecer límites al presupuesto de los poderes legislativos estatales. La idea es que el gasto de los congresos locales se determine mediante criterios objetivos, por ejemplo un porcentaje del presupuesto estatal o el tamaño de la población. Con ello se pretende evitar diferencias extremas entre entidades.
El ahorro generado no se concentraría en la federación. Según el planteamiento oficial, los recursos permanecerían en cada estado y podrían destinarse a obra pública o programas locales.
Segundo: Reducción del número de regidores.
El segundo punto propone disminuir el número de regidores en los ayuntamientos del país, pues en muchos municipios, los cabildos tienen estructuras amplias que implican gastos importantes en salarios, asesores y apoyos administrativos.
La propuesta busca reducir esos cargos y destinar el ahorro directamente a servicios municipales como bacheo, drenaje, alumbrado público o mantenimiento urbano.
El argumento político detrás de esta medida es que la eficiencia administrativa no necesariamente depende del tamaño del cabildo, sino de la capacidad de gestión del gobierno municipal.
Tercero: Consultas populares sobre temas electorales
El tercer eje plantea abrir la posibilidad de que ciertos temas electorales puedan someterse a consulta popular.
Actualmente la legislación mexicana limita el uso de consultas ciudadanas en asuntos relacionados con el sistema electoral. La propuesta busca flexibilizar esa restricción para permitir que la ciudadanía opine, por ejemplo, sobre los montos de financiamiento público a los partidos políticos.
En la misma lógica participativa, también se plantea flexibilizar los tiempos de la revocación de mandato, permitiendo que pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, y no exclusivamente en el cuarto.
Un ahorro estimado de 4 mil millones de pesos
Según las estimaciones presentadas por el gobierno federal, la aplicación de estas medidas podría generar ahorros cercanos a los 4 mil millones de pesos.
La característica central de esta propuesta es que ese dinero no regresaría a la federación, sino que permanecería en estados y municipios para financiar obras públicas o mejorar servicios básicos.
La narrativa política detrás de la iniciativa es clara: reducir el gasto de la política para aumentar el gasto social y de infraestructura local.
El debate político apenas ha comenzado
Aunque la reforma constitucional fue rechazada, el tema difícilmente desaparecerá del debate público. Los costos del sistema político mexicano es tan alto, que una vez que la presidenta Sheinbaum ha sacado el tema a relucir, difícilmente desaparecerá del debate público.
Por un lado, el gobierno insiste en que la austeridad en las estructuras políticas responde a una demanda social. Por otro, la oposición sostiene que los cambios propuestos podrían afectar la autonomía de instituciones electorales o alterar los equilibrios del sistema político.
En el debate está el hecho de que las instituciones electorales en realidad siembre han sido aliadas de los partidos de derecha y de los grupos económicos de poder, de tal manera que la supuesta autonomía era en realidad ficticia.
Ahora el llamado Plan B abre un nuevo terreno de discusión: no solo cuánto cuesta la democracia mexicana, sino quién debe decidir ese costo y cómo se justifica frente a las necesidades del país.
Si algo ha quedado claro tras el debate legislativo es que la discusión sobre el tamaño, el costo y la eficiencia de las instituciones políticas seguirá siendo uno de los temas centrales en la vida pública mexicana.
