Washington, D.C.—En una medida sin precedentes bajo sus nuevas leyes contra el fentanilo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe al sistema financiero mexicano.
Este 25 de junio, la Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) señaló públicamente a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles del narcotráfico.
La acusación no es menor. Según la FinCEN, estas entidades habrían facilitado el flujo de millones de dólares en transacciones que terminaron financiando la adquisición de precursores químicos provenientes de China, esenciales en la producción de fentanilo, así como el movimiento de capitales relacionados con cárteles como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Golfo y los Beltrán Leyva.
El caso de CIBanco se remonta a 2023, cuando, según la investigación, un empleado de la institución habría creado una cuenta sabiendo que sería utilizada para lavar más de 10 millones de dólares del cártel del Golfo. En poco tiempo, esa cuenta movió más de 2,1 millones de dólares hacia empresas chinas ligadas al suministro de precursores químicos.
En Intercam, las alarmas se encendieron cuando se detectaron reuniones entre ejecutivos del banco y presuntos miembros del CJNG, celebradas a finales de 2022. El objetivo, según los informes estadounidenses, era coordinar el envío de recursos desde México hacia China por un monto superior a 1,5 millones de dólares.
Vector Casa de Bolsa también aparece involucrada. La firma, con más de 11 mil millones de dólares en activos, habría canalizado al menos 2 millones de dólares en operaciones de lavado para el cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021.
Además, según el reporte de FinCEN, esta institución habría procesado más de un millón de dólares en pagos por precursores químicos a empresas chinas, y facilitado pagos de sobornos por más de 40 millones de dólares a funcionarios mexicanos, incluyendo —según se alega— al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Como parte de las sanciones, Estados Unidos prohibirá que bancos e instituciones financieras norteamericanas realicen cualquier tipo de transacción con CIBanco, Intercam o Vector. Estas restricciones entrarán en vigor dentro de 21 días a partir de la publicación en el Registro Federal.
Se trata de las primeras acciones implementadas bajo dos nuevas leyes estadounidenses: la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, impulsadas en respuesta a la crisis de opioides que vive el país.
Las reacciones no se hicieron esperar. Las tres instituciones mexicanas negaron categóricamente las acusaciones, asegurando que cumplen con todos los protocolos de prevención de lavado de dinero y expresaron su disposición a colaborar con las autoridades.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) afirmaron que no han recibido pruebas directas por parte del gobierno estadounidense, pero se comprometieron a revisar cualquier información que se les proporcione.
La medida estadounidense, sin embargo, lanza una señal de advertencia al sistema financiero mexicano. Especialistas en regulación consideran que estas sanciones podrían tener un impacto significativo sobre la reputación internacional del sector y exigirán una revisión profunda de los mecanismos de control interno en las instituciones financieras del país.
En un momento de creciente tensión bilateral por el tema del narcotráfico y el tráfico de fentanilo, este episodio marca un punto de inflexión.
El mensaje de Washington es claro: no solo se perseguirá a los cárteles, sino también a quienes, desde el sistema financiero, puedan estar facilitando sus operaciones.
