La política arancelaria de Estados Unidos volvió a moverse en las últimas horas. Luego de que la Suprema Corte limitara el uso de poderes de emergencia para imponer aranceles globales, el gobierno de Donald Trump no solo mantuvo su estrategia proteccionista, sino que la reforzó.
Inicialmente, la Casa Blanca había anunciado un arancel general del 10 % a las importaciones utilizando otra base legal distinta a la anulada por el tribunal. Sin embargo, nuevas declaraciones y ajustes administrativos confirmaron que el gravamen se elevará al 15 % en su aplicación ampliada, como parte de un esquema temporal que busca presionar negociaciones comerciales y reducir déficits externos.
Desde Washington se argumenta que el objetivo del aumento es proteger la industria nacional, corregir desequilibrios comerciales y enviar una señal de firmeza frente a economías consideradas competitivamente agresivas.
Aun así, el arancel no opera de forma completamente uniforme. Se mantiene la posibilidad de excepciones para países con tratados comerciales vigentes o para sectores estratégicos vinculados a cadenas productivas norteamericanas. Paralelamente, continúan vigentes otros aranceles justificados por seguridad nacional o por investigaciones de prácticas comerciales desleales.
En términos prácticos, el conflicto no ha disminuido, sólo se ha transformado. La resolución judicial obligó al Ejecutivo a cambiar de fundamento legal, pero no alteró el rumbo de fondo de la política comercial estadounidense.
Para socios como México, el nuevo escenario combina mayor certidumbre institucional —al limitarse el uso de poderes de emergencia— con una presión económica persistente derivada de tarifas generales y sectoriales aún en evolución.
La disputa arancelaria, lejos de cerrarse, entra así en una fase más jurídica, más estratégica y previsiblemente más prolongada.
