La detención de los hermanos Carlos y Alejandro González en un centro migratorio del estado de Florida ha encendido las alarmas sobre una posible violación grave de derechos humanos por parte de autoridades estadounidenses.
Carlos, con visa de turista vigente, fue arrestado tras una infracción menor de tránsito. Alejandro, su hermano, acudió a pedir informes y fue detenido en ese mismo momento, a pesar de estar casado con una ciudadana estadounidense.
Ambos fueron llevados al infame centro de detención conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, en condiciones que las propias autoridades consulares califican como preocupantes y posiblemente ilegales.
De acuerdo con el cónsul mexicano en Orlando, Juan Sabines, este centro no pertenece al gobierno federal de Estados Unidos, sino al estado de Florida, y hasta el lunes 15 de julio ninguno de los hermanos contaba con un número de caso migratorio formal, lo que les impedía el acceso a una defensa adecuada.
La abogada Andrea Reyes, designada por el consulado, confirmó que esta situación vulnera derechos civiles fundamentales como el debido proceso y el acceso a la justicia.
El caso ha sido asumido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que asegura estar brindando apoyo consular y asistencia jurídica, sin embargo, la respuesta oficial hasta ahora se ha limitado a declaraciones formales y gestiones diplomáticas de bajo perfil.
El cónsul Sabines incluso propuso, con justa razón, emitir una alerta de viaje para turistas mexicanos a Orlando, advirtiendo sobre los riesgos que podrían correr ciudadanos mexicanos con estatus legal vigente si son tratados como criminales sin causa.
Pero este caso no puede abordarse como un incidente aislado. Tiene implicaciones más amplias. La posibilidad de que turistas mexicanos sean privados de su libertad sin justificación, por simple prejuicio o abuso de autoridad, configura un escenario de conflicto diplomático de enorme gravedad.
Si lo sucedido se confirma en los términos denunciados, estaríamos ante un acto sin precedente reciente: el encarcelamiento arbitrario de ciudadanos mexicanos en suelo extranjero bajo pretextos administrativos, pero sin sustento legal.
Hasta ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una actitud cauta, que si bien evita la imprudencia, también refleja una preocupante falta de contundencia. El respaldo social con que cuenta el actual gobierno le permitiría asumir una posición firme frente a estas agresiones, sin necesidad de caer en confrontaciones estériles.
Lo que exige este momento no es retórica, sino medidas que dignifiquen a los mexicanos y marquen un precedente de defensa activa de nuestros derechos fuera del país. A falta de información sólo podemos decir que el caso de la detención carece de transparencia. Por razones diplomáticas y tratándose de un caso internacional, urgen las aclaraciones.
El silencio, la pasividad o las declaraciones tibias solo fortalecen la impunidad y alimentan la percepción de que los mexicanos en el extranjero pueden ser tratados como ciudadanos de segunda. Este es el momento de establecer límites claros.
De no haber culpa justificable, una disculpa diplomática, acciones de reparación por el gobierno estadounidense y la exigencia formal mexicana de respeto a los acuerdos internacionales sobre derechos humanos deberían ser parte del mínimo esperable.
Y no basta con reaccionar. Es necesario anticiparse. El Estado mexicano debe comenzar a construir mecanismos proactivos para proteger a sus ciudadanos en el extranjero, particularmente frente a gobiernos estatales como el de Florida, donde la xenofobia se ha institucionalizado en ciertas políticas locales.
No se trata de encender ánimos patrioteros, sino de reafirmar que México no tolerará que se humille a sus ciudadanos ni se pisoteen sus derechos. El caso de los hermanos González no es sólo una afrenta a dos individuos, sino un mensaje preocupante hacia millones de mexicanas y mexicanos que, por turismo, trabajo o familia, pisan territorio estadounidense. La respuesta de México debe estar a la altura de esa dignidad.
