Zacatecas, uno de los estados más golpeados por la violencia en los últimos años, vuelve a ocupar la atención nacional e internacional tras un nuevo repunte delictivo. En respuesta, un contingente de élite del Ejército mexicano, la Brigada de Fusileros Paracaidistas, ha sido desplegado para reforzar las labores de seguridad y frenar el avance de los grupos criminales que se disputan el control del territorio.
La llegada de esta unidad especializada, compuesta por 100 elementos con entrenamiento en sabotaje, combate urbano, rescate de rehenes y operaciones de contraterrorismo, marca el inicio de una etapa operativa intensiva en el estado. Los soldados arribaron a bordo de un avión C-130 Hércules al Aeropuerto Leobardo C. Ruiz, preparados para actuar como fuerza de reacción inmediata en un entorno donde la ley parece ceder terreno ante la violencia.
Una guerra territorial sin tregua
El conflicto que azota Zacatecas no es nuevo, pero se ha agudizado en los últimos meses debido a la lucha entre dos poderosos cárteles: el de Sinaloa, hoy dividido entre “La Chapiza” —facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— y “La Mayiza” —alineada con Ismael “El Mayo” Zambada—, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Este último ha logrado avanzar gracias a una alianza estratégica con los Chapitos, lo que ha intensificado los enfrentamientos y generado un reacomodo del mapa criminal en la región.
A finales de 2024, al menos cuatro organizaciones tenían presencia en Zacatecas: CJNG, Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste y Los Talibanes (remanente de Los Zetas). Hoy, según declaraciones recientes del gobernador David Monreal Ávila, sólo permanecen activas las dos primeras, mientras que las otras han sido prácticamente neutralizadas.
Militares de élite y una paz aún lejana
El despliegue de los Fusileros Paracaidistas es parte de un esfuerzo interinstitucional que busca establecer control sobre las carreteras, las comunidades rurales y los accesos estratégicos donde se han registrado bloqueos, quema de vehículos, ataques a instalaciones públicas y enfrentamientos armados. Se han priorizado los protocolos de uso legal de la fuerza y el respeto a los derechos humanos, con patrullajes constantes, puestos de control y reconocimientos terrestres diarios.
Esta estrategia no es nueva, pero sí representa una apuesta de alto nivel: enviar una unidad entrenada para operar en condiciones extremas, habituada al combate en zonas urbanas y rurales, y con la capacidad táctica de responder ante emboscadas y situaciones críticas. Su presencia pretende disuadir a los grupos criminales y enviar un mensaje de autoridad en un estado que ha sido vulnerado desde hace años.
¿Y la sociedad civil?
El costo humano de esta violencia ha sido alto: desplazamientos forzados, daños al transporte público, cierre de escuelas, miedo constante en comunidades enteras. Aunque el gobierno estatal reportó una disminución del 22% en homicidios durante el primer bimestre de 2025, el problema de fondo sigue sin resolverse. La delincuencia organizada se ha adaptado, ha cambiado de rostro y de estrategia, y continúa generando zozobra entre la población.
En este contexto, la voz de la sociedad civil, de las familias desplazadas, de los pequeños comerciantes y campesinos que viven bajo amenaza, no puede quedar fuera. La paz no puede construirse únicamente desde los operativos, sino también desde el tejido social, con oportunidades reales, justicia pronta y programas que apuesten por la reconstrucción del estado.
El reto de fondo
La verdadera prueba será medir la eficacia de este despliegue militar en un territorio donde las alianzas criminales se reorganizan con rapidez, y donde la impunidad ha sido históricamente parte del problema. Zacatecas, por su ubicación geográfica, sigue siendo un punto clave para las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, y eso lo convierte en objetivo prioritario para los grupos delictivos.
Como lo ha expresado el gobernador Monreal, la paz exige un esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno, pero también una mirada más profunda hacia las raíces del conflicto: la pobreza, la falta de oportunidades y la desconfianza en las instituciones.
La llegada de los paracaidistas es un mensaje de fuerza, sí. Pero el mensaje más urgente debe ser uno de reconstrucción, verdad y justicia. Porque ningún operativo, por especializado que sea, puede sustituir el valor de una comunidad segura en su propia tierra.
