La iniciativa plantea elección directa para representación proporcional, recorte al financiamiento electoral, regulación de inteligencia artificial en campañas y ampliación de mecanismos de democracia participativa en estados y municipios.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que, según sus palabras, busca “que el pueblo mande” y reducir los costos del sistema político. La propuesta fue presentada en la conferencia matutina por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y posteriormente detallada por la propia mandataria.
Se trata de una reforma amplia que modifica la integración del Congreso, el financiamiento electoral, la fiscalización de recursos, la regulación de inteligencia artificial en campañas y la ampliación de mecanismos de democracia participativa.
El cambio central: adiós a las listas plurinominales
El eje político más relevante es la eliminación de las listas cerradas de representación proporcional, conocidas como “plurinominales”, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
En la Cámara de Diputados se mantienen 500 integrantes, de los cuales 300 son de mayoría relativa (electos por distrito) y 200 de representación proporcional, con la misma fórmula vigente.
Lo que cambia, según explicó Sheinbaum, es el mecanismo de asignación. La mitad de las diputaciones proporcionales se asignarían a los “mejores perdedores” en distritos —candidatos que compitieron directamente y obtuvieron altos porcentajes sin ganar— y la otra mitad surgiría de listas votadas, pero limitando el número de opciones (un hombre y una mujer). Además, ocho diputaciones corresponderían a mexicanos residentes en el extranjero.
En el Senado desaparecerían las listas de representación proporcional: quedarían 96 escaños (64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría), lo que se traduce en una frase: “¿Quieres ser senador? Busca el voto popular”, sintetizó la presidenta.
Sheinbaum sostuvo que no se elimina la representación proporcional ni se impulsa un partido único, sino que se mantiene la fórmula vigente aplicada en 2015, 2018, 2021 y 2024, pero obligando a todos los aspirantes a “ir a territorio” a buscar el voto.
Reducción del gasto electoral
El segundo eje plantea una reducción de 25% en el costo total de las elecciones. Esto implicaría recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, a los partidos políticos, a los organismos públicos locales electorales (Oples) y a tribunales electorales.
También se propone:
- Ajustar sueldos y bonos de consejeros del INE conforme al artículo 127 constitucional (nadie debe ganar más que la presidenta).
- Reducir el número de regidurías municipales, con un máximo de 15 según población.
- Equiparar salarios de diputados locales.
- Disminuir gasto operativo del Congreso federal y congresos estatales.
La narrativa oficial sostiene que los recursos ahorrados podrían destinarse a educación, salud o programas sociales.
Fiscalización, bots e inteligencia artificial
La iniciativa contempla mayor fiscalización de recursos partidistas. El INE tendría acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y candidatos, se prohibirían aportaciones en efectivo y se fortalecería el uso de tecnologías de control.
En materia digital, se propone regular el uso de inteligencia artificial en campañas y prohibir bots y mecanismos automatizados que influyan artificialmente en redes sociales. El INE podría ordenar el retiro inmediato de campañas digitales que identifique como inauténticas.
Además, los cómputos distritales iniciarían al término de la jornada electoral, eliminando el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y sustituyéndolo por resultados preliminares oficiales derivados directamente del conteo distrital.
Más democracia participativa
El cuarto eje amplía mecanismos de participación directa en estados y municipios: referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, con posibilidad de voto electrónico en estos instrumentos.
La presidenta argumentó que la ciudadanía podría decidir, por ejemplo, sobre obras públicas municipales mediante procesos respaldados por firmas.
No reelección y no nepotismo
Aunque ya aprobados para entrar en vigor en 2030, la reforma retoma dos principios: la prohibición de la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos y la prohibición de heredar cargos a familiares (nepotismo).
Debate político en puerta
Sheinbaum afirmó que enviará la propuesta el lunes, sin cambios respecto a lo presentado. Reconoció que algunos partidos, incluso aliados como el PVEM y el PT, han expresado reservas sobre la eliminación de listas, pero sostuvo que no existen “argumentos suficientes” para modificar la postura.
El debate legislativo será determinante. Al tratarse de reforma constitucional, requerirá mayoría calificada en el Congreso y aprobación de congresos estatales. La presidenta reconoció que los partidos aliados podrían no apoyar la reforma, sin embargo afirmó que es su deber presentar la iniciativa que se fundamenta en las exigencias de la sociedad mexicana.
Un punto de inflexión
La propuesta no transforma radicalmente el número de legisladores ni elimina la representación proporcional, pero sí altera la lógica de acceso al poder legislativo, obligando a todos los aspirantes a competir en territorio.
En los próximos días, el Congreso definirá si esta reforma —presentada como respuesta al “sentimiento del pueblo”— se convierte en una de las modificaciones estructurales más relevantes del sistema electoral mexicano en décadas.
